El fin del registro de alquiler abre una guerra judicial de 160 millones contra el Estado

Un desarrollo importante en los mercados financieros: ECONOMÍAEl fin del registro de alquileres abre una guerra judicial de 160 millones contra el Estado DIEGO S. ADELANTADO s_adelantado Actualizado 22 MAY. 2026 - 16:30 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Enviar por emailLa ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

César Vallejo RodríguezEuropa Press El Supremo tumba el registro único de alquileres turísticos por invadir competencias autonómicas La patronal del alquiler de corta estancia cifra en 33. 000 euros de media las pérdidas de los propietarios por la cancelación de reservas y los gastos de gestión del número de registro anulado por el Supremo. El nuevo revés judicial que el Gobierno recibió el jueves en materia de vivienda, en forma de anulación del registro único de alquiler de corta duración, abre un nuevo frente de batalla en los tribunales.

Detalles económicos

La decisión del Supremo podría generar reclamaciones de los propietarios de pisos turísticos por valor de hasta 166 millones de euros, que debería asumir el Estado tras haber invadido competencias autonómicas, al imponer la obligatoriedad de obtener un número de referencia para poder anunciarse en las plataformas digitales, como Airbnb o Booking. Así lo aseguran desde la patronal del alquiler de corta estancia, Fevitur, que cifra en 33. 000 euros el coste medio por propietario que ha supuesto el registro único de alquiler, debido a las revocaciones, los bloqueos y los problemas derivados del trámite que han tenido que efectuar desde mediados del año pasado para poder operar.

"No hablamos de una cuestión teórica ni de un simple matiz jurídico", afirma Silvia Blasco, presidenta de la organización, "sino de miles de familias y empresas que, cumpliendo toda la normativa autonómica, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Supremo acaba de tumbar". Cientos de miles de reclamaciones de propietarios contra el EstadoEn opinión de Fevitur, el sistema impuesto por el Gobierno trasladó a los registradores de la propiedad "una función habilitante que iba mucho más allá de la mera identificación administrativa, permitiéndoles verificar cuestiones urbanísticas que condicionaban la validez del número", una cuestión que habría condicionado el permiso para operar de miles de propietarios cuyas viviendas estaban "legalmente inscritas en los registros autonómicos, tributando y sometidas a inspección". Según sus propios datos, hasta 64.

000 pisos turísticos habrían quedado fuera del registro a pesar de cumplir con la normativa de su comunidad autónoma. Los propietarios apuestan por reclamar patrimonialmente al Estado no sólo por las tasas abonadas a los registradores -cuyo impacto económico se estima en 20 millones de euros-, sino también por las pérdidas que el nuevo registro ha ocasionado en el sector. Una posibilidad que los juristas consultados por EXPANSIÓN reconocen factible.

Teniendo en cuenta que más de 300.

Los economistas analizan lo que la noticia significa para los mercados.