España ha asumido 14.400 millones de euros extra de déficit en 2024 y 2025 por sentencias judiciales, la mitad por pensionistas en mutualidades

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: AIREFEspaña ha asumido 14. 400 millones de euros extra de déficit en 2024 y 2025 por sentencias judiciales, la mitad por pensionistas en mutualidadesEn los próximos años se tendrá que enfrentar a las devoluciones por el Impuesto de Hidrocarburos, "el riesgo fiscal más acuciante", según la AIReF Compartir Facebook X - Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Copiar enlace Enviar por email ComentarArcadi España, ministro de HJavier BarbanchoMUNDOAlejandra OlceseSEGUIR AUTORAActualizado Miércoles, 17 junio 2026 - 13:30 Audio generado con IAFiscalidad El TJUE tumba el impuesto de hidrocarburos de Montoro y obliga a Hacienda a devolver hasta 6. 500 millones España ha tenido que asumir en los últimos dos años 14.

432 millones de euros extra de déficit público por sentencias judiciales desfavorables, de los que casi la mitad corresponden al IRPF de pensionistas que cotizaron en mutualidades laborales y a los que se ha reconocido el derecho a una reducción para evitar la doble imposición. "El impacto sobre el déficit de las Administraciones Públicas derivado de las sentencias judiciales correspondientes a 2024 y 2025, que en conjunto superó los 14. 400 millones, confirma la relevancia de este riesgo para la estabilidad fiscal.

Los detalles

La actualización del análisis de las demandas judiciales contra el Estado que se presenta en esta Opinión vuelve a poner de relieve el riesgo significativo que las sentencias judiciales han supuesto en los últimos años para las finanzas de las Administraciones Públicas. En concreto, el efecto sobre el déficit ascendió a más de 11. 200 millones en 2024 (0,7 % del PIB), a los que se sumaron 3.

100 millones en 2025 (0,2 % del PIB)", recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su segunda Opinión sobre Riesgos Fiscales, publicada este miércoles. La mayor parte de ese impacto se concentró en la Administración Central, con cerca de 11. 900 millones de euros, aunque también afectó a los Fondos de la Seguridad Social, con un gasto en torno a los 1.

600 millones por el derecho reconocido a los pensionistas varones de cobrar también un complemento por hijos -considerado discriminatorio hasta 2023 por ser sólo para las mujeres-, y a las Corporaciones Locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc. -, con unos 900 millones. El gasto anual de los dos últimos ejercicios superó con creces la media história, de 1.

617 millones de euros anuales en el periodo 2014-2025, lo que ha supuesto en agregado el 28% de las transferencias de capital que ha tenido que hacer la Administración. El conflicto más costoso para el país en 2024 y 2025 ha sido el relativo a los pensionistas que cotizaron en mutualidades laborales, a los que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a aplicarse una reducción para evitar la doble imposición en aportaciones realizadas entre 1967 y 1978.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.