La suspensión de la norma que evitaría la demolición de Valdecañas aviva el pulso judicial

Surgen avances clave en el escenario mundial. Madrid/Mérida, 13 jun (EFE). - El pulso entre la Junta de Extremadura y las organizaciones ecologistas en torno al futuro de la urbanización Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) ha vivido esta semana un nuevo capítulo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de paralizar de forma cautelar el decreto con el que el Gobierno regional pretendía evitar su demolición. El auto judicial, que ha insuflado ánimos a los grupos ecologistas, no entra en el fondo de la cuestión y la Junta ya ha comunicado su intención de recurrirlo, lo que anticipa un prolongado choque judicial que podría elevarse a otras instancias.

El conflicto se remonta a 2007, cuando la Junta de Extremadura aprobó un proyecto para construir chalets, hoteles, un campo de golf y un puerto deportivo en una isla del embalse de Valdecañas. El proyecto, considerado de interés regional (PIR), se enfrentó desde el principio a la oposición de las organizaciones ecologistas, ya que la isla estaba catalogada desde 2003 como Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA). Ecologistas en Acción y Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) recurrieron la decisión de la Junta y en 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declaró ilegal el proyecto y ordenó devolver la zona a su estado original.

Los detalles

El fallo del TSJEx fue ratificado por el Tribunal Supremo en 2014. La Junta alegó después que no era posible ejecutar el fallo porque la demolición total causaría un daño ambiental mayor que un derribo parcial y porque el coste sería muy elevado. En 2020, el TSJEx aceptó que solo se eliminaran los inmuebles a medio construir (50 chalets y la estructura de un hotel), lo que permitía salvar 185 villas y el hotel ya construido.

Sin embargo, en 2022, el Tribunal Supremo admitió un recurso de Ecologistas en Acción y dejó sin efecto el fallo del TSJEx. Tres años después, en 2025, el Tribunal Constitucional rechazó los recursos planteados por la Junta de Extremadura, por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y por los propietarios de la urbanización contra el derribo del complejo. Ante esta situación, la Junta de Extremadura aprobó un decreto que modificaba los límites de varias Zonas de Especial Protección para las Aves, entre ellas Valdecañas, a fin de evitar la demolición, una norma que fue recurrida por Ecologistas en Acción.

El pasado 5 de junio (aunque el auto se conoció el pasado lunes), el TSJEx aceptó la petición de la organización ecologista de suspender cautelarmente el decreto. "La exclusión de la zona ZEPA de la Isla de Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas", señalaba el auto. Tras conocer el fallo, Ecologistas en Acción subrayó que la decisión del TSJEx "desnuda por completo la maniobra de la Junta".

"Es la constatación judicial de que el decreto se redactó con un único objetivo: intentar rescatar urbanísticamente la Marina Isla de Valdecañas", apuntó Jaime Doreste, abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico, que representa a Ecologistas en Acción"Esta suspensión no es la sentencia final, pero es un golpe casi definitivo", recalcó. El pasado martes, la Junta de Extremadura anunció que recurrirá la suspensión cautelar y reiteró que la situación de la urbanización deriva de "errores cartográficos" que llevaron a proteger zonas que ambientalmente no lo requerían.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.