
Volodimir Zelensky firmó una ley que elimina el idioma ruso como lengua protegida en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, firmó el viernes una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos en el país por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, tratado...
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Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, firmó el viernes una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos en el país por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, tratado internacional del Consejo de Europa adoptado en 1992 para resguardar y fomentar el uso de lenguas minoritarias sin estatus oficial en los Estados europeos. La medida, aprobada por el Parlamento ucraniano a principios de diciembre de 2025, fue defendida por el presidente de la cámara, Ruslan Stefanchuk, quien sostuvo que con esta decisión “Ucrania defiende el idioma estatal, respeta la diversidad lingüística y cultural y elimina la influencia imperial rusa de los privilegios que abusó durante años”. Stefanchuk calificó la norma como “una decisión justa y ejemplar” y argumentó que “el lenguaje del Estado agresor no puede utilizar las herramientas de protección diseñadas para apoyar los idiomas de los pueblos indígenas y las comunidades nacionales”, según expresó en redes sociales.
La ley establece que en Ucrania las disposiciones de la Carta se mantendrán para lenguas como el bielorruso, búlgaro, gagaúzo, tártaro crimeo, griego moderno, alemán, polaco, rumano, eslovaco, húngaro, checo y hebreo. Según cifras oficiales, el ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana antes de la guerra, principalmente en las regiones del este y sur. Diversas encuestas señalan que el uso del ruso diminuyó desde el inicio de la invasión rusa en 2022, aunque la situación es difícil de estimar debido a la ocupación rusa del 19% del territorio ucraniano.
Los detalles
La decisión del máximo mandatario ucraniano surgió luego de que la ONG Amnistía Internacional (AI) denunciara el “adoctrinamiento estatal” al que son sometidos niños y niñas en escuelas de Rusia, advirtiendo que los centros educativos se transformaron en “fábricas de sumisión” sometidas a una estricta vigilancia. Según la organización, las autoridades rusas niegan el derecho a una educación de calidad y utilizan clases y libros de texto cargados de propaganda para justificar la guerra contra Ucrania, mientras reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información. En su informe ‘Solo Fuentes Oficiales: Adoctrinamiento en el Sistema Educativo Ruso’, la institución documenta cómo el Estado impone una ideología oficial a través de planes de estudio controlados centralmente, tanto en Rusia como en los territorios ucranianos ocupados.
El informe señala que los docentes reciben instrucciones para monitorear las actividades de los estudiantes en Internet, recopilar información sobre sus opiniones y reportar posibles disidencias a las autoridades. “Los centros escolares rusos dejaron de ser templos del saber para convertirse en fábricas de sumisión. El Estado ruso es quien determina lo que niños y niñas deben aprender de Rusia, sus vecinos y el resto del mundo”, expresó Marie Struthers, directora de AI para Europa Oriental y Asia Central.
La organización remarcó que los libros de texto oficiales presentan una visión única de la historia, justifican el uso de la fuerza contra países vecinos y describen la agresión contra Ucrania como una necesidad histórica. Cualquier opinión alternativa se clasifica como “hostil” o “destructiva”. Desde 2023, el Ministerio de Educación ruso introdujo un único conjunto obligatorio de libros de Historia y materiales que describen a Rusia como una “fortaleza sitiada”, niegan la identidad y condición de Estado de Ucrania, y legitiman todas las intervenciones militares soviéticas y rusas.
Amnistía Internacional advirtió que este enfoque vulnera los derechos humanos y los tratados internacionales suscritos por Rusia, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. El informe sostiene que la política educativa busca formar una población estudiantil “obediente e incondicional” a través de coacción, vigilancia y uso de perfiles. Las directrices, según Struthers, “fomentan el control de las ideas políticas, religiosas y personales de los niños”.
El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.





