Alianza campesina e indígena de Honduras denuncia "despojo territorial" y exige cambios

Surgen avances clave en el escenario mundial. Tegucigalpa, 20 jul (EFE). - La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, integrada por 70 organizaciones, denunció este lunes la continuidad de un modelo de “despojo territorial” y exigió cambios en las políticas públicas para garantizar los derechos de las comunidades rurales, indígenas y garífunas. En un pronunciamiento con motivo del Día de Lempira, cacique indígena lenca que murió enfrentando la conquista española y cuyo nombre lleva la moneda nacional, la Alianza señaló que la fecha debe servir para recuperar la memoria histórica de la resistencia frente al “despojo, el racismo, la dominación y la pérdida de soberanía”.

En Honduras se mantiene la “continuidad y profundización” de un modelo que favorece intereses empresariales, industriales y extractivos, al tiempo que debilita las instituciones encargadas de proteger derechos agrarios, ambientales y humanos, dijo la Alianza. En ese contexto, cuestionó unos decretos aprobados este año que, afirmaron las organizaciones, facilitan desalojos, criminalizan la protesta y amplían la protección estatal a intereses industriales y empresariales. Se trata de los decretos 93-2021, que introdujo reformas relacionadas con la tenencia y recuperación de tierras; y los 84-2026 y 107-2026, que incorporaron disposiciones en materia económica, productiva y de inversión.

Los detalles

“Este marco se combina con el fortalecimiento de los aparatos de seguridad, la ampliación de las respuestas punitivas y una preocupante tendencia a la militarización de la sociedad y de la gestión de los conflictos sociales y territoriales”, señaló la alianza. Las organizaciones expresaron preocupación por el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y denunciaron el incumplimiento de sentencias internacionales a favor de comunidades garífunas, entre otros asuntos. Ante este panorama, exigieron la derogación de los decretos cuestionados, el cese de la criminalización contra líderes comunitarios y la suspensión de desalojos mientras se resuelven los recursos legales presentados.

También, pidieron crear un mecanismo nacional con participación de los pueblos para resolver conflictos agrarios, garantizar títulos de propiedad y fortalecer instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA).

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.