
Castilla y León ultima un recurso contra el decreto de reparto de menores extranjeros
Valladolid, 5 jul (EFE).- La Junta de Castilla y León ha anunciado este domingo que en los próximos días recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de...
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Surgen avances clave en el escenario mundial. Valladolid, 5 jul (EFE). - La Junta de Castilla y León ha anunciado este domingo que en los próximos días recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de acogida para 833 menores.
Tras no participar esta semana en la reunión preparatoria de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales que dirige el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox), la Junta ha criticado que el Gobierno haya aprobado este reparto de forma "unilateral" y sin el acuerdo unánime de todas las comunidades. Entiende la Junta de Castilla y León que ese Real Decreto no respeta las competencias que corresponden a cada Comunidad en materia de protección de menores.
Los detalles
El Ejecutivo autonómico ve "criterios políticos" en el origen de este reparto, en lugar de analizar la "capacidad real de acogida de cada territorio, lo que dificulta una adecuada planificación de los recursos y compromete la sostenibilidad del sistema de protección", ha indicado la Junta en su comunicado. El Gobierno de Castilla y León ya recurrió el Real Decreto de 26 de agosto de 2025, que cifraba en 783 las plazas que debía disponer esta Comunidad, sin que exista una "justificación objetiva" para el reciente incremento.
Argumenta la Junta que la población de Castilla y León ha crecido únicamente un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, mientras que el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para el Ejecutivo autonómico existe una diferencia que "evidencia la falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno y su desconocimiento de la realidad de Castilla y León".
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.




