Centro Democrático aseguró que Gustavo Petro cierra su gobierno “atentando contra la institucionalidad” por desconocer al presidente electo

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. En plena escalada de choques políticos tras la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo mandatario de Colombia, el Centro Democrático acusó al presidente Gustavo Petro de “cerrar su gobierno atentando contra la institucionalidad” al desconocer al mandatario electo “sin pruebas de fraude”, según un mensaje difundido por la colectividad en su cuenta de X. En la publicación, el partido sostuvo que estos señalamiento los hace “sin pruebas de fraude, al presidente y vicepresidente electos legítimamente”. El pronunciamiento vinculó la postura del Ejecutivo con el proceso de transición de gobierno.

“Este boicot democrático es una evasiva al empalme para ocultar que las cuentas de su gestión no cuadran”, afirmó la colectividad. En el mismo mensaje, el Centro Democrático reclamó controles institucionales y fijó posición frente a la nueva administración: “El país exige transparencia, es por ello que respaldamos firmemente la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y llamamos a los poderes públicos a garantizar el cumplimiento de la ley”. El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro en la lista Clinton El director adjunto de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando que el presidente Gustavo Petro y su familia permanezcan en la lista Ofac (Lista Clinton) hasta que finalice el proceso de transición presidencial y las investigaciones judiciales en su contra lleguen a una etapa clave o se resuelvan de manera definitiva.

Los detalles

En la misiva, con fecha del 6 de julio de 2026, Vargas Lleras argumenta que aún existen denuncias sin resolver sobre presuntos desfalcos y manejo irregular de fondos públicos, tanto a nivel nacional como internacional. Vargas Lleras acusa a Petro de utilizar más de 2. 000 dólares de recursos públicos para contratar una oficina en Estados Unidos con el objetivo de gestionar su situación personal ante la Ofac, presentando este hecho como “un patrón de apropiación indebida de recursos públicos”.

Además, expone que la exclusión de Petro y su familia de la lista Ofac no debe concretarse hasta que el traspaso de poder previsto para el 7 de agosto se realice de manera adecuada y las investigaciones en curso avancen de forma sustantiva. El dirigente de Cambio Radical indicó su pedido como una medida de contención política e institucional ante el cambio de gobierno. Sostiene que mantener a Petro en la lista Ofac es, para él, “una garantía concreta” de que el presidente y quienes integraron su administración respondan por los hechos investigados.

La carta también menciona la convocatoria de Petro a movilizaciones para el 20 de julio y su respaldo a acciones judiciales para solicitar la nulidad de la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella, señalando estas acciones como intentos de presión institucional. Finalmente, Vargas Lleras solicita a Estados Unidos que mantenga la restricción sobre Petro y su entorno hasta que se complete la transición presidencial y las investigaciones judiciales finalicen, considerando que existen riesgos institucionales y políticos si se retiran las medidas antes de tiempo. Las controversias en torno al proceso de transición y las denuncias cruzadas entre los principales actores políticos destacan la complejidad del panorama actual en Colombia.

La exigencia de transparencia y la solicitud de controles institucionales reflejan la preocupación por el cumplimiento de los procedimientos democráticos y la rendición de cuentas durante el traspaso de poder. A su vez, el llamado a la comunidad internacional para mantener medidas de vigilancia sobre miembros del gobierno saliente evidencia el nivel de desconfianza existente y el interés por garantizar que las investigaciones en curso se desarrollen con rigor. El país enfrenta así una etapa decisiva, en la que la estabilidad institucional y la legitimidad de las nuevas autoridades dependerán del respeto a las normas y de la actuación transparente de todos los actores involucrados.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.