Cómo Nicaragua y China saquean el oro de la selva costarricense

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Cruzan el río San Juan en botes y cayucos, muchas veces sin que ningún puesto de control los detenga, y se internan en la selva costarricense cargando radios de comunicación, drones, armas y bidones con sustancias químicas. 000 personas, según estimaciones de la presidencia de Costa Rica. Se les llama coligalleros en Costa Rica y güiriseros en Nicaragua.

Técnicamente son mineros artesanales. El gobierno de Costa Rica los define como “crimen organizado” que funcionan con estructura militar y los acusa de saquear el oro de su país. El destino de esa marea humana que va y viene es Crucitas y el cerro Conchudita, un territorio rico en oro situado en el cantón de San Carlos, en la provincia costarricense de Alajuela, sobre la frontera norte con Nicaragua.

Los detalles

El Estado costarricense tiene prohibido la explotación minera en esa zona por el impacto que tiene la actividad en los bosques y los acuíferos. Los ilegales, sin embargo, no saben de prohibiciones. Y tienen una ventaja decisiva sobre las autoridades costarricenses.

Pueden llegar a Crucitas y Las Conchuditas por el nicaragüense río San Juan, que queda en mera la frontera. Costa Rica, aunque puede navegar por el río con fines de comercio, no lo puede hacer con armas. Para llegar hasta Crucitas o Conchudita, la Fuerza Pública de Costa Rica debe hacerlo por tierra y eso implica caminar al menos tres horas desde el lugar hasta donde pueden llegar en vehículos.

Así, cuando la Fuerza Pública se acerca a la zona de extracción, alguien avisa por radio o WhatsApp y los mineros cruzan el río de regreso. “Cuando detectan la llegada de la Fuerza Pública se avisan entre ellos y cruzan el río. Es una dinámica permanente”, explica Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense y presidente de la Fundación del Río.

Qué dicen los expertos

Costa Rica mantiene un pequeño destacamento en la zona y realiza operativos policiales ocasionalmente con la intención de tomar control, en una crisis que ya denomina “de soberanía nacional”. “Este fenómeno afecta no solo la soberanía ecológica de nuestro país, sino la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90 por ciento de los coligalleros son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar en este ilícito”, señaló ante el Parlamento costarricense en febrero de este año el entonces ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora. La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, ha denunciado que el Estado gasta un millón de dólares mensuales para proteger ese territorio.

Y aun es insuficiente. Por otro lado, los mineros artesanales extraen unos 250 millones de dólares en oro al año del lugar. El mineral no se queda en Costa Rica.

A unos tres kilómetros al otro lado de la frontera, ya en territorio nicaragüense, opera el campamento de Las Cruces. Allí, dentro del lote minero denominado La Guinea, concesionado por el régimen Ortega-Murillo a la empresa Thomas Metal S. , se procesa el oro extraído ilegalmente en suelo costarricense.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.