
Contrabando, falsificación y piratería: la competencia ilegal que golpea a la industria formal peruana
No todo el comercio ilícito aparece en un operativo ni termina en una foto de mercadería incautada. Una parte logra entrar al mercado, se vende en galerías, ferias, canales digitales o comercios informales, y compite...
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Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. No todo el comercio ilícito aparece en un operativo ni termina en una foto de mercadería incautada. Una parte logra entrar al mercado, se vende en galerías, ferias, canales digitales o comercios informales, y compite con empresas que sí pagan impuestos, cumplen normas laborales, asumen costos regulatorios y responden por la calidad de sus productos. La escala del problema ayuda a entender por qué la industria formal lo mira con preocupación.
En Perú, solo el contrabando mueve más de US$600 millones al año, según cifras de Sunat. La Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI advirtió que ese monto no representa ni una cuarta parte del impacto económico real, porque deja fuera falsificación, piratería, adulteración de productos, evasión tributaria y pérdida de ventas para empresas formales. Esa competencia ya alcanza a buena parte de la industria peruana.
Los detalles
Una encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) encontró que uno de cada dos industriales en el Perú declara verse seriamente afectado por el comercio ilícito, una categoría que incluye contrabando, falsificación, piratería, adulteración y otras formas de competencia ilegal. Para las empresas formales, el impacto no se limita a la pérdida de ventas. También presiona precios, reduce recaudación tributaria y crea una competencia que no opera bajo las mismas condiciones.
Para los consumidores, implica exponerse a productos sin trazabilidad, sin garantía o sin controles adecuados. El límite de medir solo lo incautadoUno de los puntos más complejos para dimensionar el comercio ilícito es que las cifras oficiales suelen apoyarse en lo que las autoridades logran interceptar. Eso permite conocer cuánto se decomisó, pero no cuánto ingresó, se distribuyó y finalmente llegó al consumidor.
“La información pública disponible sobre el comercio ilícito en el Perú y otros países solo refleja una parte del problema, ya que se basa principalmente en las incautaciones y no permite dimensionar la verdadera magnitud”, señaló Silvia Hooker Ortega, gerente de Asuntos Internacionales y secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI. Ante esa brecha de información, el gremio decidió consultar directamente a empresas industriales formales para medir cómo esta problemática afecta sus operaciones. Según Hooker, la SNI tomó como referencia la experiencia chilena de observatorios especializados y creó el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI), con el objetivo de generar evidencia y colocar el tema en la agenda pública.
Qué dicen los expertos
La medición resulta relevante porque el comercio ilícito no afecta a un solo rubro. Puede alcanzar alimentos, bebidas, textiles, medicamentos, productos de higiene, artículos tecnológicos, combustibles, autopartes y otros bienes de consumo masivo o uso industrial. En varios casos, la pérdida no se limita a ventas: también puede comprometer reputación, seguridad del consumidor y confianza en el mercado.
La frontera como puerta de entradaEl problema que advierte la industria formal ya ha sido registrado en rutas específicas de contrabando. En 2025 se identificó a Virupaya, en la frontera entre Perú y Bolivia, como un punto crítico para el ingreso irregular de productos hacia Puno. La zona, ubicada cerca del Lago Titicaca, carece de oficinas de migración y puestos de aduanas, lo que facilita el paso de mercancías como arroz, azúcar, aceite, fideos y combustibles subsidiados que luego son distribuidos en mercados locales.
Otro reporte mostró una ruta en Tilali, también en Puno, por donde circulaban vehículos cargados con ropa, combustible, cigarros y balones de gas boliviano. Según esa investigación, la trocha se encontraba cerca de un puesto de vigilancia fronterizo sin presencia policial, mientras que un centro poblado cercano funcionaba como punto de comercio semanal para estos productos. Estos casos muestran que el comercio ilícito no se reduce al decomiso final de mercadería.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.





