
Corpades exige a Federico Gutiérrez medidas urgentes de protección para el concejal José Luis Marín
La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social advirtió que el concejal de Medellín José Luis Marín Aquino enfrenta una situación de riesgo y reclamó al alcalde Federico Gutiérrez la adopción urgente de medidas...
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Surgen avances clave en el escenario mundial. La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social advirtió que el concejal de Medellín José Luis Marín Aquino enfrenta una situación de riesgo y reclamó al alcalde Federico Gutiérrez la adopción urgente de medidas preventivas para evitar que la confrontación política derive en un hecho de violencia contra un dirigente de oposición. En una carta fechada el 10 de julio de 2026, Corpades sostuvo que ya informó sobre el caso al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero enfatizó en que esa gestión no exime a las autoridades distritales de sus competencias en prevención, coordinación institucional y garantías democráticas. La organización planteó que el problema ya superó el plano del debate político y alcanzó el funcionamiento mismo del Concejo Distrital.
Según señaló, en las últimas semanas el recinto entró en un escenario de confrontación permanente y el concejal denunció amenazas, hostigamientos y expresiones intimidatorias incluso dentro del espacio donde debe regir la deliberación democrática. Corpades pidió al alcalde que actuara en su condición de primera autoridad de policía del Distrito y representante del presidente de la República en el ámbito territorial para el mantenimiento del orden público. En ese orden, sostuvo que una orden suya podría activar el equipo especial de la Policía Metropolitana para la protección de dignatarios.
Los detalles
La organización expresó que “no le conviene a la ciudad, al país, a la institucionalidad democrática ni a su administración que contra un integrante de la oposición política pueda materializarse un hecho de violencia política”. El planteo colocó la discusión en un plano institucional y no solo personal, al asociar cualquier agresión con un deterioro de las garantías para el control político. En el mismo documento, se alertó sobre el efecto de los discursos públicos cuando no existe una respuesta institucional a tiempo.
“La historia de Colombia ha demostrado que los discursos de estigmatización, cuando no son atendidos de manera oportuna por las instituciones, pueden convertirse en el preludio de agresiones irreparables”. La entidad identificó como eje del riesgo el ambiente que, a su juicio, rodea hoy al concejal. “Ninguna persona que ejerza representación popular debe desempeñar sus funciones bajo un ambiente de intimidación como la que está padeciendo Aquino”, señaló al referirse a las denuncias conocidas dentro del Concejo.
Corpades sostuvo que existen hechos de conocimiento público en los que un ciudadano plenamente identificado habría proferido expresiones que podrían constituir instigación a la violencia o amenazas contra Marín. A partir de ese punto, reclamó que las autoridades competentes evalúen el nivel de riesgo y adopten las medidas correspondientes para impedir un escalamiento. La organización destacó que la respuesta estatal no puede esperar a que ocurra un ataque.
Qué dicen los expertos
“La prevención constituye una obligación del Estado y no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya se ha producido”, afirmó en el texto dirigido al jefe del Ejecutivo distrital. Federico Gutiérrez fue interpelado por Corpades como la autoridad llamada a activar mecanismos inmediatos de protección para José Luis Marín Aquino. La organización sostuvo que el concejal de oposición denunció amenazas, hostigamientos y expresiones intimidatorias, y advirtió que la falta de intervención puede agravar un escenario de confrontación política en Medellín.
En su argumentación, la corporación recordó que el Estatuto de la Oposición reconoce el deber del Estado de garantizar que quienes ejercen control político puedan hacerlo libres de intimidaciones, amenazas o cualquier forma de violencia. La referencia buscó enmarcar el pedido dentro de una obligación legal y no como una decisión discrecional. La carta también mencionó que esas responsabilidades adquieren una relevancia mayor cuando existen circunstancias que ameritan la activación de medidas preventivas y de coordinación interinstitucional.
En el cierre, Corpades pidió un mensaje institucional de rechazo frente a cualquier manifestación que incentive la violencia política y sostuvo que “aún estamos a tiempo de evitar un nuevo episodio que enlute a Medellín y debilite la democracia”.
El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.





