Defensoría insiste en una “respuesta institucional urgente” tras amenazas a líderes campesinos beneficiarios de la reforma agraria

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las instituciones del Estado para adoptar una respuesta articulada y urgente frente a las amenazas y homicidios que han afectado a líderes y lideresas campesinas beneficiarias de la reforma agraria, en medio de una creciente preocupación por la seguridad de las comunidades rurales en distintas regiones del país. A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la entidad manifestó que en los últimos días se han registrado amenazas y asesinatos contra personas vinculadas a los procesos de acceso a tierras, situación que, según indicó, ha motivado visitas defensoriales a zonas consideradas de alto riesgo para verificar las condiciones en el territorio y solicitar acciones concretas de las autoridades. Defensoría pide mayor coordinación institucionalEn su pronunciamiento, la Defensoría enfatizó que los procesos de entrega de tierras deben realizarse con una adecuada planeación, articulación interinstitucional y coordinación con las autoridades locales, con el fin de garantizar la seguridad de las comunidades y prevenir nuevos hechos de violencia.

Además, insistió en que se deben implementar medidas efectivas de protección para los beneficiarios de la reforma agraria, así como mecanismos que permitan prevenir conflictos entre las comunidades involucradas en estos procesos. “En el marco de nuestras competencias constitucionales, continuaremos promoviendo una respuesta institucional urgente y articulada, así como el acompañamiento integral al campesinado y la protección de sus derechos”, señaló la entidad. La Defensoría también recordó que uno de los cuatro pilares de las decisiones que propone para el próximo gobierno es avanzar en la reforma rural integral, garantizando los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos mediante el acceso democrático a la tierra, la restitución para las víctimas, el fortalecimiento del catastro multipropósito y la protección de los territorios campesinos y étnicos.

Los detalles

La ANT denunció un patrón de violenciaEl pronunciamiento de la Defensoría se conoce un día después de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitiera un comunicado en el que rechazó la escalada de violencia contra comunidades beneficiarias de la reforma agraria y advirtió que los hechos registrados no corresponden a situaciones aisladas, sino que evidencian un patrón de intimidación y persecución. Según la ANT, durante la última semana se presentaron varios casos que reflejan ese panorama. Entre ellos destacó el ataque ocurrido el 25 de junio en la vereda Nare, en Puerto López (Meta), donde hombres armados ingresaron a la vivienda de una familia campesina beneficiaria del programa de acceso a tierras en el predio La Primavera.

De acuerdo con la entidad, los responsables agredieron físicamente a los ocupantes, incluida una menor de edad, quemaron sus pertenencias y destruyeron sus medios de subsistencia. Asimismo, la Agencia reportó amenazas de muerte contra campesinos beneficiarios de la Hacienda La Palmira, en Córdoba, predio recuperado por la ANT en julio de 2025, así como intimidaciones contra integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, y amenazas dirigidas a un contratista de la entidad en Antioquia, atribuidas a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Llamado a investigar los hechosAnte la gravedad de la situación, la ANT solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública y el Ministerio Público adelantar investigaciones inmediatas para identificar a los responsables materiales e intelectuales de estos ataques y brindar protección a las comunidades en riesgo.

La entidad también recordó que, semanas atrás, fue asesinado el campesino Alfredo Vasco en el predio La Regina, en Valle del Cauca, mientras que el 22 de junio fue asesinada la lideresa indígena Omaira Pancho en Inzá, Cauca, hechos que, según la Agencia, hacen parte del contexto de violencia que enfrentan comunidades rurales e indígenas. En su comunicado, la ANT sostuvo que la reforma agraria constituye una garantía para el derecho a una vida digna y la soberanía alimentaria del campesinado, por lo que reiteró que el proceso “no se va a detener”, pese a las amenazas. Aída Quilcué también rechazó los ataquesLa congresista y excandidata vicepresidencial Aída Quilcué también se pronunció sobre la situación a través de su cuenta de X.

La parlamentaria afirmó que los recientes ataques contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria “no son hechos aislados ni meras expresiones de intolerancia”, sino que responden a una estrategia sistemática de violencia e intimidación. Asimismo, hizo un llamado a las entidades competentes para que adopten acciones inmediatas y efectivas que garanticen la protección de las comunidades rurales, al considerar que “el miedo y el despojo no pueden regresar a los campos de Colombia”.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.