Diputados de Costa Rica aprueban en primer debate presupuesto extraordinario entre críticas por recortes sociales y falta de recursos para seguridad

Surgen avances clave en el escenario mundial. El Congreso de Costa Rica dio el primer visto bueno al primer presupuesto extraordinario del ejercicio económico 2026, en una votación que volvió a evidenciar la división entre el oficialismo y las bancadas de oposición sobre las prioridades del gasto público. La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,589, fue aprobada en primer debate con 30 votos a favor y 24 en contra, gracias al respaldo de la fracción oficialista. En contraste, las bancadas opositoras rechazaron el proyecto al considerar que desatiende áreas sensibles como la seguridad ciudadana y los programas sociales.

El presupuesto extraordinario es un instrumento que permite al Estado modificar el presupuesto vigente para redistribuir recursos, incorporar nuevos ingresos o atender necesidades específicas que surgen durante el año. Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, defendió el proyecto y explicó que la principal finalidad de la iniciativa es garantizar la continuidad de programas considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo. Según detalló, una parte importante de los recursos permitirá asegurar el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como mantener el pago de las becas Avancemos, administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Los detalles

“Este presupuesto asegura los recursos para las pensiones del Régimen No Contributivo y también permite garantizar los fondos para el IMAS, particularmente las becas Avancemos”, explicó Acosta durante el debate. Además de esos programas, el proyecto incorpora recursos para impulsar varias iniciativas de inversión pública promovidas por el Gobierno. Entre ellas figura el financiamiento para el tren eléctrico, fondos destinados a fortalecer la resiliencia agrícola y recursos para la reconstrucción del dique de Coto 47, una obra considerada estratégica para proteger comunidades vulnerables frente a inundaciones en la Zona Sur.

Sin embargo, la oposición sostuvo que el proyecto prioriza inversiones específicas mientras reduce recursos destinados a programas sociales de atención directa. Durante el debate, la diputada Claudia Dobles criticó que el presupuesto no refleje el discurso del Gobierno sobre la lucha contra la inseguridad. “Ese presupuesto no prioriza en seguridad, a pesar de que una y otra y otra vez se dice que hay una priorización para mejorar la seguridad”, afirmó.

La legisladora también cuestionó los ajustes planteados para programas dirigidos a la niñez y las familias en condición de vulnerabilidad. Según señaló, la iniciativa contempla reducciones presupuestarias que afectarían a los CEN-CINAI, al sistema nacional de cuido y a los programas de vivienda de interés social. “No prioriza ningún tipo de programa social.

Qué dicen los expertos

Lejos de eso, disminuye el presupuesto de los CEN-CINAI y también el destinado a vivienda de interés social”, manifestó durante la discusión. Para la oposición, esos recortes podrían impactar especialmente a miles de familias encabezadas por mujeres trabajadoras que dependen de los servicios de cuido para poder mantenerse en el mercado laboral. El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto busca atender compromisos financieros impostergables sin comprometer la estabilidad fiscal alcanzada durante los últimos años.

La votación también refleja la correlación de fuerzas que ha caracterizado las primeras semanas de la nueva administración, donde el oficialismo ha logrado sacar adelante varias iniciativas gracias al apoyo de otras fracciones legislativas. Tras superar el primer debate, el presupuesto extraordinario quedó listo para su discusión definitiva en el Plenario Legislativo. Si obtiene el respaldo necesario en el segundo debate, los recursos podrán incorporarse oficialmente al presupuesto nacional y comenzar a ejecutarse durante el segundo semestre del 2026.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.