Director de agencia de tierras de Colombia: El latifundio "tiene amigos poderosos"

Surgen avances clave en el escenario mundial. Esneyder Negrete Pueblo Nuevo (Colombia), 12 jul (EFE). - El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia, Felipe Harman, defiende la reforma agraria como uno de los principales legados del Gobierno de Gustavo Petro, pero advierte que el verdadero desaf o ser preservar los avances alcanzados cuando el pr ximo Ejecutivo asuma el poder el 7 de agosto. "El latifundio en Colombia no tiene seguridad jur dica; el latifundio en Colombia lo que tiene es amigos poderosos", afirma Harman en una entrevista con EFE para explicar por qu , a su juicio, el principal obst culo para democratizar la tierra no est en las leyes, sino en las estructuras pol ticas, econ micas y armadas que durante d cadas han sostenido la concentraci n de la propiedad rural.

El funcionario sostiene que, pese a los avances de los ltimos cuatro a os, la redistribuci n de la tierra sigue siendo una tarea inconclusa en un pa s donde la violencia, el despojo y la desigualdad han marcado hist ricamente al campo. "Avanzamos sustancialmente alrededor de ese prop sito, pero vuelvo e insisto: no es suficiente", dice Harman a EFE en la hacienda La Palmira, un predio recuperado por la ANT en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento caribe o de C rdoba y convertido por el Gobierno en uno de los s mbolos de su reforma agraria. Seg n el balance del Ministerio de Agricultura y la ANT, durante este gobierno fueron formalizadas m s de 2,28 millones de hect reas mediante cerca de 41.

Los detalles

000 t tulos rurales, entregadas otras 351. 000 hect reas a familias campesinas y comunidades tnicas e incorporadas 806. 081 al Fondo de Tierras.

Adem s, fueron recuperados m s de 550 predios, cuya extensi n equivale a unas 109. 000 hect reas, que hab an estado en manos del narcotr fico, el paramilitarismo, testaferros y ocupantes ilegales. A ello se suman la creaci n de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina, siete Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam) y una inversi n cercana a ocho billones de pesos (unos 2.

470 millones de d lares) para el acceso y la distribuci n de tierras, la mayor realizada por el Estado colombiano, seg n cifras oficiales. Sin embargo, la gesti n no escapa de las cr ticas porque en la ltima semana organizaciones campesinas bloquearon carreteras en el departamento del Cesar (noreste) para denunciar retrasos en la entrega de t tulos de propiedad de predios adjudicados por la ANT. Adem s, dirigentes de oposici n cuestionan lo que consideran entregas de tierras sin culminar plenamente los procesos de formalizaci n, al se alar que varios predios fueron adjudicados antes de que los beneficiarios contaran con los t tulos de propiedad y las garant as jur dicas para ocuparlos.

Qué dicen los expertos

Harman responde que los avances cuentan con respaldo jur dico y sostiene que el principal riesgo para la reforma agraria no est en los expedientes administrativos. "La violencia no pide papeles en Colombia. La violencia llega a la fuerza", afirma al explicar que, incluso cuando la propiedad queda legalmente en manos del Estado o de los campesinos, las comunidades siguen enfrentando amenazas de grupos armados y organizaciones ilegales que buscan mantener el control territorial.

Esa preocupaci n, asegura, se ha hecho m s evidente en el periodo de transici n luego de las elecciones presidenciales del 21 de junio en las que fue elegido presidente el ultraderechista Abelardo de la Espriella. "Yo he planteado directamente la necesidad de que el nuevo Gobierno defina su posici n frente a la redistribuci n de la tierra", dice Harman, quien asegura que en los ltimos d as la ANT denunci amenazas contra cinco comunidades campesinas asentadas en propiedades recuperadas por el Estado en departamentos como C rdoba y Nari o. Aunque insiste en que las tierras entregadas durante este periodo cuentan con blindaje jur dico y permanecen a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, el funcionario considera que la continuidad de la reforma depender tambi n de las garant as de seguridad para quienes hoy las habitan.

"Esperamos tener eco no solamente en el nuevo Gobierno, sino tambi n en la comunidad internacional, para que por encima de cualquier diferencia pol tica prime la protecci n de la vida de estas comunidades", concluye.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.