Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El nombre de Edmundo Bal vuelve a cruzarse con una de las causas judiciales de mayor impacto político del momento. La Abogacía General del Estado ha encomendado al abogado la defensa del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, investigado en el denominado ‘caso Leire’, una decisión que devuelve al primer plano a quien durante años fue uno de los juristas de referencia del Estado antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos. Será Bal quien represente a Llamas cuando comparezca como investigado ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia.

La causa analiza si las informaciones reservadas abiertas contra varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de investigaciones que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, respondían a una verdadera finalidad disciplinaria o si, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, fueron utilizadas como un mecanismo de presión sobre los investigadores. A diferencia del DAO, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también investigada en el procedimiento, ha optado por una defensa privada. Para Bal, el encargo supone un regreso a un terreno que conoce bien.

Los detalles

Antes de entrar en política ya había construido una sólida carrera en el departamento penal de la Abogacía del Estado, donde participó en algunos de los procedimientos más complejos y mediáticos de las últimas décadas. Su nombre, sin embargo, trascendió definitivamente los círculos jurídicos en 2018, cuando el juicio del ‘procés’ cambió por completo el rumbo de su trayectoria. Del departamento penal al CongresoNacido en Huelva el 2 de julio de 1967, aunque criado prácticamente desde niño en Madrid, Bal siempre ha vinculado su vocación por el servicio público a su entorno familiar.

Su padre era funcionario del Ministerio de Hacienda y su madre, ama de casa. En más de una ocasión ha resumido esa influencia asegurando que del primero heredó “la racionalidad” y de la segunda “la pasión”. Estudió en los colegios Agustinianos de Moratalaz y Nuestra Señora del Buen Consejo antes de licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Durante la carrera conoció a la que después sería su mujer y, al terminar los estudios, tuvo claro que quería ingresar en el Cuerpo de Abogados del Estado. Aprobó la oposición en poco más de dos años, un plazo especialmente breve para una de las pruebas más exigentes de la Administración, y en mayo de 1993, con apenas 25 años, tomó posesión de su primera plaza en Huesca. Más tarde pasó por Zaragoza y terminó recalando en Madrid, donde desarrolló casi toda su carrera profesional.

Qué dicen los expertos

Salvo un breve paréntesis en el sector privado —una experiencia que él mismo ha reconocido que no terminó de convencerle—, toda su vida profesional transcurrió en la Abogacía del Estado. Allí fue especializándose en el ámbito penal hasta intervenir en algunos de los asuntos judiciales más relevantes de los últimos años, desde la trama Gürtel hasta las investigaciones sobre la familia Pujol, el caso Unió o la denominada lista Falciani. También participó en los procedimientos por fraude fiscal contra algunos de los futbolistas más conocidos del panorama internacional, entre ellos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Luka Modric, Ángel Di María o Xabi Alonso.

Su perfil era entonces el de un técnico. Conocido en el ámbito jurídico, pero prácticamente anónimo para el gran público. Todo cambió con el ‘procés’.

Como responsable del departamento penal de la Abogacía del Estado discrepó del criterio que finalmente adoptó la institución respecto al escrito de acusación contra los dirigentes independentistas. Bal defendía mantener el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado optó por acusar por sedición y malversación. Su negativa a firmar el escrito terminó con su relevo del procedimiento por decisión de la entonces abogada general del Estado, Consuelo Castro.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.