El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Surgen avances clave en el escenario mundial. La decisión del juez Santiago Pedraz de citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, ha provocado una reacción inmediata de las asociaciones de guardias civiles. AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), ha exigido la dimisión de González y el cese de Llamas, al calificar la situación de “insostenible” y advertir sobre la existencia de un muro de desconfianza entre la base de la Guardia Civil y la cúpula directiva de la institución. La imputación ha sido el detonante definitivo para exigir la dimisión de la directora, pero el descontento viene de muy atrás.

En abril de 2025, la Guardia Civil elaboró un informe donde buscaba demostrar que “un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes”. En este mismo escrito, apuntan que Mercedes González estaba al tanto de algunos de estos movimientos. De la denuncia interna a la imputación judicialLa investigación judicial estudia, entre otros hechos, las reuniones celebradas entre Mercedes González y Leire Díez, en las que supuestamente se solicitó la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo.

Los detalles

Además, la instrucción incluye presuntas instrucciones de la cúpula a mandos de la UCO para que evitaran actuar con eficacia en investigaciones sensibles para los intereses políticos. Según el informe del Instituto Armado, Leire Díez y Fran Ortega (supuesto socio de Koldo en Correos) ofrecieron al comandante Rubén Villalba abandonar su actual defensa jurídica, en nombre de “Koldo y el partido”, buscando que alineara su estrategia con la de Koldo García, a cambio de apoyo político. Leire se habría reunido con la directora para pedir que permitiese la reincorporación del comandante.

También propusieron al empresario Alejandro Hamlyn “hacer frente común” y buscar posibles pruebas comprometedoras contra los investigadores. También mencionan en repetidas ocasiones que Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, estaba detrás. Tras contar estos supuestos intentos de interferir en procesos policiales y judiciales, el escrito de la Guardia Civil, involucra a su directora.

“El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta “estrategia” se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la Directora General de la Guardia Civil“, afirma. Exigencias y acciones legales de AUGCEl comunicado difundido por la AUGC este miércoles lamenta que por primera vez “la petición de imputación procede no sólo de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción”.

Qué dicen los expertos

Según el sindicato, este paso implica que “ya no cabe hablar de estrategia política alguna”. “Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no puede haber un doble rasero”, señala el texto. AUGC recuerda que denunció públicamente estas maniobras en junio de 2025 y que acudió a los tribunales “cuando otros callaban”.

Para la organización, la permanencia tanto de la directora general como del DAO en sus cargo, es “incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes”. “Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera. No puede haber un trato distinto para la cúpula”, recalca el sindicato en su comunicado.

Lejos de conformarse con reclamar la dimisión política, AUGC anuncia que ejercerá “con la máxima intensidad y rigor” la acusación popular ante la Audiencia Nacional. Según asegura, exigirá la adopción de medidas cautelares para apartar a González y Llamas de sus cargos y evitar que su presencia “pueda condicionar o alterar la investigación judicial en curso”.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.