El Departamento de Seguridad Nacional compró dos centros de detención migratoria en California por USD 1.500 millones

Surgen avances clave en el escenario mundial. La reciente adquisición de dos centros de detención de inmigrantes en California por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) representa un giro relevante en la estrategia migratoria federal. El DHS destinó USD 1. 500 millones a la compra del California City Detention Facility y el Otay Mesa Detention Center, reforzando así la infraestructura federal para la retención de migrantes en un estado donde las alianzas con organismos locales son limitadas.

La operación, oficializada por la empresa penitenciaria CoreCivic, reconfigura la relación entre el sector público y privado en la gestión de la detención migratoria y sitúa el tema bajo el foco político y social. Un cambio estratégico federalLa operación incluye el California City Detention Facility, con 2. 560 camas, y el Otay Mesa Detention Center de San Diego, con 1.

Los detalles

Ambas instalaciones estaban bajo la gestión de CoreCivic y pasaron a manos federales el 2 de julio, tal y como informó Los Angeles Times. La compañía, con sede en Tennessee, prevé ingresos netos de USD 1. 100 millones tras impuestos y gastos derivados de la venta.

Según Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, este tipo de transacciones no resulta inusual dentro del sector y el proceso “se caracterizó por rigor e integridad”. Añadió que la tasación fue realizada por peritos independientes, conforme exige el gobierno federal, para garantizar un valor justo de mercado. Además, la empresa confirmó que mantiene negociaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la posible venta de otras instalaciones, aunque estas gestiones permanecen en fases preliminares.

La continuidad operativa de los centros se mantiene tras la compra. CoreCivic seguirá administrando ambos complejos bajo los contratos existentes con ICE, los cuales, de acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), permanecen vigentes hasta agosto de 2027 en el caso de California City y hasta diciembre de 2029 para Otay Mesa, con opción de prórroga por cinco años más. Patrick Swindle, director ejecutivo de la compañía, afirmó que “la operación refleja el valor de la cartera inmobiliaria de la empresa y su rol como proveedor de soluciones flexibles y de largo plazo para el gobierno”.

Qué dicen los expertos

Contexto político y financieroLa disponibilidad de fondos para la compra se debe a la ley fiscal impulsada por la administración Trump, que asignó USD 170. 000 millones al DHS y permitió ampliar la capacidad federal de detención. Un portavoz del departamento detalló que estos recursos posibilitaron a ICE expandir el espacio disponible para cumplir con la promesa presidencial de intensificar las deportaciones.

“A diferencia de Florida y Oklahoma, ICE no puede depender de socios estatales y locales para el alojamiento de detenidos en California”, aseguró el funcionario a Los Angeles Times. La adquisición se interpreta también como respuesta a las restricciones regulatorias y políticas impuestas en California. El portavoz de DHS señaló que la propiedad federal de los centros surge ante la ofensiva legislativa estatal para prohibir o encarecer el funcionamiento de prisiones privadas.

Sostuvo que, bajo titularidad federal, ICE mantiene la capacidad esencial para arrestar, retener y expulsar a personas en situación migratoria irregular. Supervisión y debate públicoEl traspaso de la propiedad a manos federales generó críticas entre defensores de derechos humanos y representantes estatales. Sostienen que la federalización de los centros busca eludir la supervisión estatal y local.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.