El Gobierno confía en el rigor jurídico del Plan de Vivienda ante los recursos de las CCAA

Surgen avances clave en el escenario mundial. Santander, 26 jun (EFE). - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado el acuerdo alcanzado por unanimidad con las comunidades autónomas para desplegar los fondos del Plan Estatal de Vivienda y ha dicho que hay "cierta tranquilidad en el rigor jurídico" del texto, que comunidades del PP recurrirán al Tribunal Supremo. En la clausura del seminario de la APIE, Rodríguez ha manifestado su "esperanza" de que las comunidades "dejen de utilizar este instrumento con un afán de confrontación", como trasladó en la víspera al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, y ha defendido que "hay espacio para reconducir la posición".

Durante su intervención, la ministra ha apelado a la necesidad de acuerdos en materia de vivienda, porque o se acuerda "o hay fracaso", ya que si las encomiendas de las distintas Administraciones públicas "no están engrasadas", no se resolverán los problemas. En este sentido, se ha remitido al acuerdo alcanzado en el seno de la Conferencia Sectorial del pasado 21 de mayo, donde las comunidades autónomas avalaron de forma unánime el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará una inversión total de 7. 000 millones de euros.

Los detalles

De esos, 800 millones está previsto que se distribuyan entre las autonomías en 2026 para el desarrollo de políticas públicas de vivienda durante la primera anualidad. Pero "algunas comunidades autónomas han decidido, después de votarlo, que lo recurren", ha lamentado Rodríguez, que considera que es el "paradigma de los tiempos" actuales, en los que ni siquiera cuando se alcanza un consenso se celebra, sino que se tienen que volver a enfadar. Por ello, ha reivindicado dicho acuerdo, que es "bueno para la ciudadanía".

La titular de Vivienda ha recordado que no todas las comunidades están reaccionando igual, y ve "espacio para reconducir la posición". Eso sí, ha explicado que en la tramitación del Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno blindó el texto jurídicamente por si se presentaban eventuales recursos. Así, se remitió al Consejo de Estado, que emitió un informe favorable aunque detectó áreas de mejora que se acometieron.

Por tanto, "existe cierta tranquilidad en el rigor jurídico" con el que el Ejecutivo ha trabajado, ha apuntado Rodríguez. "No entiendo por qué, si ya llegamos a un acuerdo, queremos pelear", ha repetido la ministra, que ha afirmado que no quiere invadir competencias, sino "que se ejerzan". El Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que la Comunidad de Madrid interpuso contra el Plan Estatal de Vivienda por considerar que vulnera sus competencias en esta materia y limita su capacidad de gestión, conforme ha avanzado el Gobierno regional.

Además de Madrid, Andalucía y Extremadura ya han iniciado los trámites para recurrirlo y otras tres han dicho que lo harán también, tal como ha contado esta semana la senadora del PP, Paloma Martín. Y es que, a tenor de su versión, no hubo acuerdo con las comunidades en torno al plan, sino "imposición".

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.