El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Los críticos dicen que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, está intentando sacar partido de la tragedia para su beneficio político. Sus seguidores acusan a la oposición de hacer lo mismo. El partido de la oposición venezolana liderado por la exdiputada exiliada y premio nobel María Corina Machado movilizó la semana pasada a voluntarios por todo el país para recaudar donaciones para los sobrevivientes del terremoto que se han quedado sin hogar, pero se encontró con un obstáculo inesperado: la Policía Nacional.

El jueves, Heidy Loicett, una de las líderes del partido de la oposición, Vente, estaba bajo una lona azul en una acera en Portuguesa --un estado a unos 440 kilómetros de la zona del desastre-- mientras la gente se acercaba con todo tipo de artículos, como pañales, agua embotellada y ropa usada. Dijo que la policía también se acercó. Varios agentes de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y funcionarios de la agencia federal de Protección Civil intentaron poner fin a la campaña benéfica, explicó en una entrevista telefónica tras el incidente, y añadió que le dijeron que todas las donaciones tenían que canalizarse a través del gobierno federal.

Los detalles

Loicett dijo que le comunicaron que no podían tener un punto de recolección de donaciones y que los lugares autorizados para ello eran Protección Civil y el gobierno. En la opinión de Loicett, eso constituía persecución política. El enfrentamiento sobre a quién le corresponde atribuirse el mérito de la ayuda humanitaria para este país devastado por los terremotos pone de relieve una batalla mucho más amplia y de alto riesgo por la supervivencia política en una Venezuela fracturada.

La semana pasada, Venezuela sufrió dos terremotos devastadores que se cobraron la vida de más de 1400 personas, apenas seis meses después de que el ejército estadounidense incursionara en el país y capturara al exlíder Nicolás Maduro. Los críticos dicen que temen que la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, politice la tragedia y utilice la respuesta al desastre para afianzar su legitimidad en un momento crítico. El gobierno de Rodríguez, que no ha respondido a las solicitudes de comentarios, ha dicho que las autoridades están intentando imponer el orden y mantener despejadas las zonas y carreteras afectadas por los terremotos para que los convoyes de ayuda y los equipos de emergencia puedan hacer su trabajo sin obstáculos.

Además, es una regla general en política que las figuras de la oposición se apresuren a destacar cualquier falla del partido en el poder. Rodríguez era vicepresidenta antes de que Estados Unidos capturara a Maduro y dijera que iba a dirigir el país, lo que la llevó al cargo más alto. Su permanencia depende de la aprobación del gobierno del presidente Donald Trump, y su gestión de esta crisis también supone un momento clave para Trump.

Qué dicen los expertos

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la alianza con Rodríguez tenía como objetivo estabilizar Venezuela y ayudar a reactivar su maltrecha economía. Es probable que la catástrofe ponga a prueba esa relación de forma severa. Los expertos dicen que incrementar el control sobre la ayuda y sofocar los esfuerzos de ayuda de base de la oposición es una estrategia sacada de un manual autoritario de hace décadas.

Según ellos, Rodríguez está apostando a que la gestión internacional de la crisis pueda enmascarar la decadencia interna del Estado y asegurar que mantenga el poder. Esa estrategia quedó plenamente de manifiesto en un video muy difundido en el que un agente de policía parece indicar a los voluntarios dónde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido gobernante, había autorizado los puntos de recolección de donaciones. A los centros de donaciones montados por la oposición en otras ciudades se les dijo que no podían colocar carteles con la leyenda "centro de acopio", porque esas palabras solo podían usarlas los puntos de recolección autorizados por el gobierno, dijo un activista político.

María Oropeza, una funcionaria del partido Vente, dijo que le comunicaron que no podían utilizar las palabras "centro de acopio", y que daba la impresión de que las habían registrado como marca. Según dijo, era inevitable que intentaran aprovechar esta tragedia en su beneficio para mantenerse en el poder. Los funcionarios del partido dijeron que la policía desistió cuando la gente empezó a reunirse y a grabar videos.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.