El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

Surgen avances clave en el escenario mundial. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha salido este lunes en defensa de la conocida como ‘ley de nietos’ frente a las críticas lanzadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo de utilizar esta medida con fines electorales. La ministra ha rechazado de plano esa interpretación y ha asegurado que la norma responde exclusivamente a un principio de “reparación y justicia” hacia los descendientes de los españoles que se vieron obligados a abandonar el país durante la dictadura. La controversia surge después de que Feijóo sostuviera, en una entrevista radiofónica, que el Gobierno pretende ampliar el número de votantes mediante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

En concreto, el líder de la oposición afirmó que Pedro Sánchez busca incorporar “en un espacio muy corto de tiempo” a dos millones y medio de personas con derecho a voto gracias a la nacionalización prevista en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ‘ley de nietos’. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz calificó esas declaraciones de “irresponsabilidad mayúscula” y aseguró que reflejan la situación política del líder del PP más que la realidad de la norma.

Los detalles

“Demuestran la desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país”, afirmó la portavoz, que fue un paso más allá al señalar que Feijóo “parece ya oler una derrota electoral”. Una medida vinculada a la Ley de Memoria DemocráticaLa ministra insistió en que la disposición cuestionada forma parte de la Ley de Memoria Democrática y recordó que su objetivo no es otro que reparar una situación histórica. Según explicó, la denominada ‘ley de nietos’ permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de quienes tuvieron que abandonar España como consecuencia de la dictadura, una medida que, según defendió, está sustentada en criterios de justicia y reparación hacia esas familias.

Saiz recordó además que este proceso comenzó a desarrollarse en 2020 y terminó incorporándose al ordenamiento jurídico con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. También subrayó que España no constituye una excepción en este ámbito, ya que otros países del entorno cuentan igualmente con mecanismos que permiten recuperar la nacionalidad o acceder a ella por razones de ascendencia familiar. En ese contexto, la portavoz aprovechó para recordar unas declaraciones realizadas por el propio Feijóo en 2009.

Según señaló, el entonces dirigente popular defendía que modificaciones de este tipo debían abordarse desde el consenso y con amplias mayorías parlamentarias. Por ello, reclamó ahora “responsabilidad” a los líderes políticos a la hora de abordar un asunto que, a su juicio, afecta a miles de familias. El Gobierno acusa al PP de alimentar la desinformaciónMás allá del choque político por la interpretación de la norma, Saiz reprochó al Partido Popular el tono empleado en sus críticas y consideró que este tipo de mensajes acercan a la formación de Feijóo a los planteamientos de Vox.

Qué dicen los expertos

A su juicio, el debate sobre la ‘ley de nietos’ se ha reabierto ahora con un único objetivo: “generar odio y desinformación”. La ministra quiso también lanzar un mensaje de confianza sobre el sistema electoral español. En este sentido, defendió que España dispone de uno de “los mejores” procesos electorales del mundo y pidió “más rigor y más responsabilidad” a quienes cuestionan su funcionamiento o vinculan la concesión de la nacionalidad con una supuesta estrategia para alterar el resultado de futuras elecciones.

Durante su intervención, Saiz aportó además algunos datos sobre la aplicación de la medida. Según explicó, alrededor de 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados han solicitado acogerse a este procedimiento para obtener la nacionalidad española. De ese total, hasta la fecha ya se han inscrito 306.

Las declaraciones cruzadas evidencian un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y oposición en torno a la Ley de Memoria Democrática y, en particular, a una de sus disposiciones más relevantes. Mientras el PP sostiene que la ampliación del acceso a la nacionalidad puede tener un impacto directo sobre el censo electoral y cuestiona las intenciones del Ejecutivo, el Gobierno insiste en que la medida responde únicamente al reconocimiento de un derecho para los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España durante la dictadura y rechaza cualquier lectura vinculada a intereses electorales.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.