El Gobierno sume en el caos a las empresas al incumplir el plazo de Bruselas para levantar el secreto salarial: "Se nos viene encima una situación enrevesada"

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. LaboralEl Gobierno sume en el caos a las empresas al incumplir el plazo de Bruselas para levantar el secreto salarial: "Se nos viene encima una situación enrevesada"España se arriesga a multas millonarias de la UE por no transponer a tiempo la directiva sobre transparencia retributiva Facebook X - Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Copiar enlace Enviar por email 2 comentariosLa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFECristina Alonso MadridMadridSEGUIR AUTORAActualizado Viernes, 5 junio 2026 - 22:56 Audio generado con IAEl Gobierno va a incumplir el plazo fijado por Bruselas para acabar con el secreto salarial. La Comisión Europea había dado de margen hasta el 7 de junio para transponer la directiva sobre transparencia retributiva, que se aprobó en mayo de 2023.

Pero tres años después, la inacción gubernamental mantiene bloqueado el aterrizaje de las nuevas exigencias comunitarias en la legislación nacional, lo que aboca a las empresas a meses caóticos por la inseguridad jurídica sobre el futuro marco normativo. El Ministerio de Trabajo dio el primer paso para transponer la directiva el pasado mes de abril, pero a estas alturas no ha enviado ninguna propuesta formal a los agentes sociales. Pese a considerarla como una de sus "prioridades legislativas", Yolanda Díaz ha apurado hasta el último momento para iniciar el proceso de transposición.

Los detalles

Y ahora el Ejecutivo se arriesga a sanciones millonarias de la UE si no incorpora al derecho interno cuanto antes las nuevas obligaciones en materia retributiva. Y las empresas, mientras tanto, intentan adelantarse a ciegas para anticipar los posibles riesgos e impactos. La eliminación de las diferencias retributivas entre hombres y mujeres es, de hecho, una prioridad del Ejecutivo de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, tal y como consta en la orden que dicta las normas para la elaboración de los mismos, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE): "Se priorizarán medidas destinadas a reducir las brechas de género en el empleo, la retribución y la participación en puestos de responsabilidad", indica el texto, que añade que se impulsará "el empoderamiento económico y social de las mujeres, contribuyendo a una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada".

Lo cierto es que España ya ha tomado medidas para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres en los últimos años. El Estatuto de los Trabajadores reconoce el principio de igual salario por trabajos de igual valor y exige disponer de un registro salarial desglosado por sexo. También obliga a justificar determinadas diferencias retributivas en empresas de 50 o más trabajadores.

Asimismo, se han desarrollado herramientas como los registros y las auditorías retributivas vinculadas a los planes de igualdad. Pero la directiva europea va mucho más allá en sus exigencias y supone un cambio radical en las prácticas salariales de las compañías.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.