El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: Antes incluso de que la Audiencia Nacional entre a valorar qué significan los mensajes hallados en el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la compañía aérea Plus Ultra y una de las personas investigadas en la causa que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, hay una cuestión previa que puede resultar determinante para el futuro de la investigación: demostrar que esos mensajes llegaron a España con todas las garantías legales y que nadie los manipuló por el camino. Es precisamente ahí donde se sitúa buena parte de la batalla que acaba de abrir Zapatero. El expresidente del Gobierno ha pedido al juez José Luis Calama que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el teléfono del empresario venezolano, qué autorizaciones permitieron acceder a su contenido y qué mecanismos se utilizaron para garantizar la autenticidad de la información.

La petición no es una cuestión menor. Del contenido de ese dispositivo proceden algunos de los mensajes más comprometedores incorporados a la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia. Entre esas conversaciones figuran expresiones como “Nuestro pana Zapatero detrás” o “Zapatero aquí manda”, frases que los investigadores consideran relevantes para reconstruir las gestiones que rodearon la concesión de las ayudas públicas.

Los detalles

Pero antes de discutir qué implican esas referencias, los tribunales deben resolver una pregunta más básica: ¿pueden utilizarse legalmente esos mensajes en un procedimiento penal español? “Lo primero que tiene que examinar la Audiencia Nacional es que exista una base legal reconocible y que la prueba pueda considerarse rigurosa”, explica José Ignacio Estradé, abogado especializado en Derecho Penal y socio director de Estradé Law Firm. La respuesta obliga a adentrarse en un terreno poco conocido para el gran público, pero fundamental en cualquier investigación moderna: el de las pruebas digitales, la cooperación judicial internacional y la cadena de custodia.

Cómo llega el contenido de un móvil de Estados Unidos a un juzgado españolLa historia de este teléfono no comienza en la Audiencia Nacional ni en la investigación sobre Plus Ultra. El dispositivo de Rodolfo Reyes fue intervenido en Estados Unidos en el marco de una investigación desarrollada por Homeland Security Investigations (HSI), una agencia estadounidense que investigaba presuntas tramas de corrupción, blanqueo de capitales y ocultación de activos vinculadas a empresarios venezolanos. Años después, parte de la información obtenida en esa investigación acabó en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que la incorporó a los informes policiales que sustentan la causa abierta en España.

La cuestión es que una prueba obtenida por las autoridades de otro país no entra automáticamente en un procedimiento judicial español. Según indica Estradé, la Audiencia Nacional debe verificar varios aspectos antes de dar por buena esa evidencia. Entre otras cosas, tiene que conocer qué autoridad obtuvo originalmente el dispositivo, si existió una autorización judicial o una habilitación legal suficiente y qué procedimiento se siguió para remitir posteriormente esa información a España.

Qué dicen los expertos

“No es necesario que el procedimiento estadounidense sea exactamente igual al español, pero sí debe existir una base jurídica que permita considerar que la obtención de la prueba fue legítima y fiable”, señala el abogado. Precisamente para reforzar ese aspecto, el juez Calama ha solicitado una comisión rogatoria internacional a Estados Unidos. Lo que busca no es obtener nuevos mensajes, sino algo mucho más técnico: una autorización formal para que el contenido del teléfono pueda utilizarse como prueba en un eventual juicio oral.

La diferencia es importante. Los mensajes ya están en la causa y sirven para investigar. Lo que el magistrado pretende ahora es blindar su futura utilización procesal.

La línea roja: los derechos fundamentalesCuando se analiza una prueba obtenida en el extranjero, la pregunta más importante no suele ser si el procedimiento fue idéntico al español, sino si durante su obtención se vulneraron derechos fundamentales. Ahí está, según Estradé, uno de los principales filtros que debe aplicar la Audiencia Nacional. “Si se han vulnerado derechos fundamentales, la prueba sería ilícita y no produciría efectos en España”, advierte.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.