El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Tener un empleo público, con un sueldo asegurado, tampoco parece suficiente para poder cambiar de casa en España. El precio de la vivienda se ha convertido en un obstáculo también para los funcionarios que quieren aceptar una plaza, un ascenso o un traslado fuera de su provincia. Casi la mitad, el 43,5%, solo aceptaría cambiar de destino si el nuevo puesto viniera acompañado de una subida salarial o de un incentivo específico para compensar el coste de vivir en otra ciudad.

Esta es una de las conclusiones del estudio Perspectiva y Retos del Empleado Público en España, elaborado por Supera Oposiciones, escuela especializada del grupo educativo thePower Education. El dato apunta a una consecuencia de la crisis residencial que había pasado inadvertida hasta ahora: el precio de la vivienda no solo condiciona la emancipación o la compra de una casa. También empieza a pesar sobre carreras profesionales que, en principio, se desarrollan dentro de un marco laboral estable.

Los detalles

Una mejora de puesto puede dejar de ser atractiva si exige asumir un alquiler más caro, comprar en otra ciudad o afrontar un coste de vida superior. La encuesta, realizada a 400 empleados públicos en España en mayo de 2026, señala que el 31,5% afirma haber rechazado o pospuesto aceptar una plaza o un ascenso por no poder hacer frente al coste de la vivienda en el destino asignado. La barrera aparece incluso entre quienes sí están dispuestos a moverse, ya que solo el 48,8% asegura que aceptaría mudarse fuera de su provincia para acelerar su carrera profesional.

Cuando ascender implica perder poder adquisitivoEl problema no es solo conseguir una plaza mejor, sino poder vivir donde está esa plaza. En un contexto de precios elevados, un traslado puede implicar una mudanza, gastos iniciales, un nuevo contrato de alquiler o una vivienda más cara que la del lugar de origen. Si la mejora profesional no compensa esa diferencia, el ascenso puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo.

Ese es el punto que diferencia a esta encuesta de otros debates sobre función pública. La estabilidad del empleo público sigue siendo una ventaja frente a otros trabajos, pero no elimina el impacto del mercado inmobiliario. El sueldo puede ser seguro, pero no necesariamente suficiente para asumir cualquier destino.

Qué dicen los expertos

El estudio también recoge que un 23,8% de los empleados de la Administración afirma que el coste de la vida condiciona totalmente cualquier decisión que implique trasladarse. La vivienda se convierte así en una variable laboral. No aparece únicamente al final del mes, en forma de cuota o renta, sino antes: en la decisión de presentarse a determinadas plazas, aceptar un cambio de destino o renunciar a una promoción si el traslado no compensa.

Volver a casa y evitar las grandes ciudadesLa presión inmobiliaria también cambia las preferencias de destino. Según la encuesta, para el 56% de los empleados públicos, poder regresar a su lugar de origen o trasladarse a provincias medianas o entornos menos masificados es un factor determinante al elegir plaza. Esta preferencia no responde solo a motivos personales.

Las ciudades medianas pueden ofrecer una relación más asumible entre salario, vivienda y calidad de vida, especialmente frente a grandes núcleos urbanos donde el precio de los pisos absorbe una parte importante de los ingresos mensuales. La elección de ciudades menos masificadas conecta con otro dato del estudio: el 73% de los encuestados apoya la creación de sedes estatales fuera de la capital. Se trata de una medida vinculada a la idea de descentralización administrativa, pero también a una cuestión material: repartir oportunidades laborales en territorios donde vivir puede resultar más accesible.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.