El TSJC investiga a Joan Ignasi Elena como presunto cooperador en un delito de prevaricación

Surgen avances clave en el escenario mundial. El TSJC investiga a Joan Ignasi Elena como presunto cooperador en un delito de prevaricaciónTribunalesEl alto tribunal catalán asegura que el exconseller de Interior y Joan Herrera podrían estar relacionados con irregularidades en adjudicaciones de contratos de asesoramiento por parte del Ayuntamiento de AltafullaJoan Ignasi Elena Llibert Teixidó / Propias Josep M. CalvetBarcelona 27/05/2026 16:20 Actualizado a 27/05/2026 19:11 El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga al diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y al excoordinador de ICV Joan Herrera como cooperadores necesarios de un presunto delito de prevaricación administrativa por el que se investiga en el Tribunal Supremo al exalcalde de Altafulla (Tarragona) y diputado en el Congreso por Sumar, Félix Alonso Cantorné.

La investigación iniciada en la plaza 4 del tribunal de instancia de El Vendrell (Tarragona) se centra en la adjudicación de contratos de asesoramiento jurídico por parte del Ayuntamineto de Altafulla entre 2017 y 2019, cuando Fèlix Alonso era alcalde del municipio, con la mercantil Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP, de la que son socios Elena y Herrera, sin sujetarse presuntamente a la normativa. Lee tambiénEl Supremo abre causa al diputado de Sumar Félix Alonso CantornéCarlota GuindalLa sala Civil y Penal del TSJC ha acordado, en un auto firmado y notificado este miércoles y de acuerdo con el criterio expresado por la Fiscalía, asumir la competencia para la instrucción de la causa dado que Elena, en tanto que diputado en la cámara catalana, es aforado ante este tribunal, del mismo modo que lo es Alonso Cantorné ante el Tribunal Supremo.

El magistrado Carlos Ramos es el instructor de la causa. Si bien el auto recuerda que el Supremo ya investiga a Alonso Cantorné por “la existencia de indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal en determinados procesos de contratación pública”, añade que en tales procesos “pudieron participar como cooperadores” Elena y Herrera, ambos socios y administradores de la empresa Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP / Sinergia EDM, que fue contratada por el Ayuntamiento de Altafulla utilizando presuntamente de forma fraudulenta la figura del “contrato menor” para eludir de manera intencionada los requisitos legales, lo que indiciariamente podría constituir, según los magistrados, un delito de prevaricación administrativa.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.