El Viceministerio de Transporte retira bocinas y alarmas no autorizadas en el transporte colectivo de El Salvador

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) han puesto en marcha una serie de operativos para retirar dispositivos sonoros que no forman parte del equipamiento original de fábrica en las unidades del transporte colectivo en El Salvador. Esta medida responde a lo dispuesto en el artículo 240 del Reglamento General de Tránsito, que prohíbe la instalación y uso de artefactos no homologados en vehículos destinados al servicio público. Según informó el propio VMT, los inspectores verifican la presencia de bocinas, alarmas y otros dispositivos sonoros que superan los niveles permitidos o no corresponden a la configuración original de los vehículos.

Durante cada intervención, los dispositivos ajenos a fábrica son retirados de inmediato al notificarse la infracción. De acuerdo con la información divulgada en los canales oficiales del Viceministerio de Transporte, la fiscalización también abarca una revisión mecánica integral de las unidades. Los inspectores revisan el estado de frenos, luces, llantas y sistemas eléctricos para asegurar la operatividad y la seguridad de los usuarios.

Los detalles

Si se detectan fallos mecánicos considerados graves, los vehículos pueden ser retirados de circulación hasta que los responsables subsanen las deficiencias. La supervisión a cargo de las autoridades incluye también el control del cumplimiento de las frecuencias de paso y de las tarifas de pasaje en cada ruta. Según el VMT, estos operativos buscan garantizar que las unidades respeten los intervalos de circulación y no alteren el costo autorizado del servicio, ante reiteradas denuncias de cobros indebidos realizadas por usuarios del transporte público.

La ciudadanía dispone de varias vías para reportar irregularidades ante el Viceministerio de Transporte. Los usuarios pueden canalizar denuncias sobre tarifas, frecuencias o exceso de ruido a través del Sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) para situaciones de riesgo inmediato, así como mediante la línea de atención al usuario del Viceministerio para consultas administrativas. El VMT ha reiterado que cada denuncia es evaluada y puede derivar en nuevas inspecciones o en la imposición de sanciones a los responsables.

Las sanciones por incumplimiento de la normativa están clasificadas en leves, graves o muy graves, con multas económicas que oscilan entre 50 y 150 dólares, de acuerdo con la gravedad de la infracción. La conducción en sentido contrario o la falta de elementos reglamentarios de seguridad están consideradas faltas muy graves, con sanciones de hasta 150 dólares cada una. Según el VMT, estas multas buscan incentivar el respeto a la normativa y disuadir prácticas que comprometan la seguridad vial o la tranquilidad de los pasajeros.

Qué dicen los expertos

En las últimas semanas, las acciones de control han resultado en el retiro inmediato de múltiples dispositivos no autorizados y en la imposición de sanciones por exceso de ruido, sobre todo en unidades que fueron objeto de denuncias ciudadanas. El Viceministerio de Transporte ha comunicado su compromiso de mantener la vigilancia constante en terminales y rutas principales, así como de reforzar la educación vial entre conductores y operadores del sector. Además, el VMT ha alertado a la población sobre intentos de estafa mediante mensajes falsos relacionados con multas de tránsito.

La institución ha instado a los usuarios a consultar exclusivamente los canales oficiales para verificar el estado de sus sanciones y realizar pagos, para evitar caer en engaños. Las medidas adoptadas por el Viceministerio de Transporte forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad y la seguridad del transporte público en El Salvador, protegiendo tanto a pasajeros como a peatones y contribuyendo a la reducción de la contaminación sonora en el entorno urbano. La institución ha reiterado que mantendrá la vigilancia y los controles, apoyándose en la colaboración ciudadana para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en el sector del transporte colectivo.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.