Equipo de trabajo de la ONU alerta por el abandono estatal a las familias de 45,000 desaparecidos en Guatemala

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias concluyó una visita oficial a Guatemala con un llamado urgente ante la situación de abandono que enfrentan desde hace más de cuatro décadas los familiares de los 45,000 desaparecidos durante el conflicto armado interno. De acuerdo con un informe de la agencia EFE, las expertas de este organismo internacional advirtieron que la desprotección estatal persiste y afecta a miles de víctimas, mientras la responsabilidad de la búsqueda y el seguimiento recae, casi en su totalidad, sobre las familias. Según EFE, el Grupo de Trabajo destacó que en los últimos ocho años la justicia ha experimentado un retroceso considerable.

Esta “deconstrucción de las instituciones de paz” ha limitado los avances en materia de derechos humanos y ha intensificado la carga emocional, económica y burocrática sobre los familiares de las víctimas. Durante el conflicto armado interno, que se extendió entre 1960 y 1996, Guatemala registró la desaparición forzada de más de 45,000 personas, según cifras de organismos internacionales. A pesar de la magnitud del fenómeno, la ONU denunció que el Estado guatemalteco no ha establecido mecanismos efectivos de búsqueda ni ha garantizado condiciones de apoyo para los afectados, lo que perpetúa la incertidumbre y el dolor de las familias.

Los detalles

“Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, dijo Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo, en conferencia de prensa, y citada por EFE. Delgadillo también cuestionó el papel de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, al indicar que sus decisiones condicionaron la realización de exhumaciones y sumaron obstáculos burocráticos para el acceso de los familiares a la justicia. Por su parte, Aua Baldé señaló que la ausencia de apoyo y protección estatal ha obligado a muchas familias a asumir directamente las labores de búsqueda e investigación, lo que afecta el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, según reportó EFE.

La experta subrayó que esa situación genera un impacto profundo y duradero sobre las comunidades afectadas. Durante una inspección en instalaciones militares del departamento de Petén, Delgadillo informó sobre la existencia de obras civiles en zonas donde había indicios de restos humanos, por lo que exigió la “detención de trabajos de forma inmediata” para preservar posibles cementerios clandestinos. El Grupo de Trabajo de la ONU reconoció algunos avances logrados por el gobierno actual de Bernardo Arévalo de León, especialmente la creación de un mecanismo de búsqueda humanitaria.

Sin embargo, las expertas advirtieron que la falta de coordinación entre ministerios y dependencias forenses genera confusión entre las víctimas, que muchas veces desconocen a qué instancia acudir para iniciar sus trámites. Esta desarticulación institucional, según la delegación, dificulta también la localización de personas desaparecidas en el contexto del tránsito migratorio. Ante este escenario, el Grupo de Trabajo recomendó al presidente Arévalo emitir directrices precisas para que todas las instituciones estatales localicen, organicen y resguarden la información vinculada al conflicto armado interno, y la declaren patrimonio cultural.

Qué dicen los expertos

La delegación también solicitó la apertura total de los archivos militares y el acceso libre a antiguos establecimientos castrenses para facilitar las investigaciones. Además, la ONU propuso dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copade) de recursos y rango jerárquico, con el objetivo de reforzar legalmente las tareas de búsqueda, resarcimiento y cumplimiento de sentencias internacionales a favor de las víctimas. La visita oficial del Grupo de Trabajo coincidió con las vísperas del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que en diciembre de 1996 pusieron fin a un conflicto de 36 años y dejaron un saldo superior a 200,000 muertos y miles de desaparecidos.

Según advirtió el equipo de la ONU a EFE, mientras no exista una intervención estatal sustantiva, las heridas del pasado permanecerán abiertas y el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas continuará siendo una deuda pendiente.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.