Fiscalía apunta a funcionarios de Provías Nacional en investigación por obra de S/. 264 millones: ¿quiénes están implicados?

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra exdirectivos y funcionarios del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) por la presunta contratación irregular de una obra de mantenimiento vial en Cusco, valorizada en más de 264 millones de soles. La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Cuarto Despacho) de Lima Centro tomó esta medida tras detectar posibles irregularidades en el proceso, según documentos a los que accedió Infobae Perú. La fiscal provincial penal responsable del caso, Zoila Sueno Chirinos, dispuso el inicio del proceso por presunta colusión agravada contra la exdirectora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila; la exjefa de la Oficina de Administración, Gisella San Yen; el exjefe de Logística, Kenneth Salas; y el funcionario del área de Administración de Contratos, José Quinte.

Además, la Fiscalía incluyó como cómplice a Vanessa Vela, representante legal del Consorcio Kabsa. De acuerdo con los elementos preliminares recolectados, funcionarios de la entidad estatal habrían agilizado trámites administrativos el 16 de abril, con el objetivo de beneficiar al Consorcio Kabsa mediante la firma del contrato, a pesar de una orden judicial que lo impedía. La orden judicial prohibía a Provías Nacional realizar cualquier acción que afectara la buena pro que ya había sido adjudicada al Consorcio Corredor Vial Santa Teresa, cuya propuesta económica ascendía a 257 millones de soles, monto inferior al finalmente adjudicado.

Los detalles

Para esclarecer los hechos, el despacho fiscal derivó el caso a la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional (PNP), encargada de ejecutar diligencias urgentes bajo reserva. Al mismo tiempo, la Fiscalía solicitó a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público un peritaje económico y contable-financiero para determinar si la contratación del segundo postor ocasionó un perjuicio al erario nacional. Según información obtenida por este medio, en el contexto de este caso se ha detectado la presencia de diversos gestores de intereses que buscan influir en decisiones de esta entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Dichas personas se presentan ante funcionarios o asesores afirmando mantener vínculos con autoridades del Ejecutivo o con congresistas. Tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la República han sido informadas sobre estas prácticas. Fuentes fiscales señalan, además, que las investigaciones actuales incluyen la identificación de presuntos lobistas conocidos como “Manu Ardiles” y “Mochito” Martínez, quienes habrían establecido conexiones directas con Provías Nacional, Provías Descentralizado, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), entre otras entidades.

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha anticipado que citará al titular del MTC, Aldo Prieto, y a los principales directivos de Provías Nacional.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.