Fondo mixto en La Guajira habría permitido supervisión irregular de 343.117 millones en regalías: particulares se encargaron de administrarlo

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Hay preocupación en el sector público, después de que la Contraloría General de la Nación encontrara un nuevo caso de posible corrupción, esta vez en un fondo mixto creado en el departamento de La Guajira. Según la auditoría adelantada por el ente de control y revelada por la revista Cambio de la supervisión irregular de regalías, se halló que 20 particulares sin vínculo laboral con el Fondo Mixto Sierra Nevada habrían ejercido de hecho la vigilancia de 45 proyectos financiados con esos recursos y habrían quedado a cargo de al menos 343. 117 millones de pesos.

La revisión de la Contraloría concluyó que esos 20 contratistas de apoyo a la supervisión firmaron informes, autorizaron anticipos y aprobaron pagos en 45 proyectos de infraestructura, educación y saneamiento básico en 11 departamentos, pese a que esa función está reservada por ley a servidores públicos. También estableció que no existía contrato de supervisión ni acto que los facultara para desempeñar ese papel. Según reveló Cambio, el equipo auditor revisó 49 contratos de prestación de servicios suscritos con esas 20 personas.

Los detalles

A corte del año pasado, esos contratos habían generado honorarios por 1. 254 millones de pesos. Aunque en teoría debían asistir a un supervisor de planta, en la práctica habrían asumido la supervisión directa e integral de los contratos de obra.

El director ejecutivo Andrés Felipe Cleves Daza firmó oficios que los designaban como supervisores, sin que existiera un acto que les diera esa facultad. Los proyectos revisados estaban repartidos en Sucre, La Guajira, Vaupés, Cesar, Meta, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. El hallazgo señala que la Dirección Técnica del Fondo no ejerció control sobre esos encargos.

Cómo operó la la presunta red de supervisores irregularesSegún el documento oficial revelado por Cambio, seis contratistas habrían concentrado la mayor parte de esas funciones. La Contraloría halló que el ingeniero civil Luis Alejandro Martín Merchán habría quedado a cargo de 16 contratos de obra y autorizado pagos por 85. 252 millones de pesos a constructoras e interventorías.

Qué dicen los expertos

A corte del año pasado, Martín Merchán habría recibido 460 millones de pesos en honorarios. Mientras tanto, el ente de control indicó que el contratista Camilo Andrés Piñeros Gómez habría asumido otros diez convenios y aprobado 121. 624 millones de pesos.

La auditoría también indicó que a Piñeros Gómez le abrieron una investigación en la Procuraduría en noviembre de 2025 por un proyecto ejecutado en Barrancas, La Guajira. En ese mismo caso también son investigados el exalcalde Vicente Berardinelli y Andrés Felipe Cleves. El resto de los contratos de obra y sus interventorías habría quedado en manos de José Alejandro Funeme Gamero, Xilena Bonnet Mojica Rojano, Karen Juliana Trujillo Caicedo, Iván Ricardo Rodríguez y Érika Cotes Guerra.

Sobre Cotes Guerra, existen investigaciones pasadas que la vincularían a irregularidades por su múltiple participación en proyectos simultados. De hecho, según información conocida por la revista Cambio, entre junio de 2023 y marzo de 2024, Cotes Guerra habría supervisado casi al mismo tiempo 45 proyectos en municipios de cinco departamentos. También cobró casi 1.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.