Fuerte llamado de las altas cortes tras las declaraciones de Petro sobre la primera vuelta presidencial: pidieron respetar los resultados

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su respaldo a las comisiones escrutadoras que adelantan la revisión y consolidación de los resultados electorales en todo el territorio nacional. En el pronunciamiento, ambas instituciones destacaron la importancia de la labor que cumplen estos organismos para garantizar unas elecciones libres y democráticas. El mensaje de las autoridades judiciales se conoce en medio de un escenario marcado por cuestionamientos públicos del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las elecciones del 31 de mayo y por decisiones adoptadas por organismos de control frente a funcionarios señalados de participar en actividades políticas, pese a las restricciones que establece la Constitución para quienes ejercen cargos públicos.

Respaldo a las comisiones escrutadorasEn el comunicado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura señalaron que las comisiones escrutadoras cumplen una función esencial dentro del sistema electoral. “La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresan su pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país, que cumplen una función esencial para la garantía de la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano”, indicaron las entidades. Asimismo, recordaron que el escrutinio electoral es un procedimiento regulado por el ordenamiento jurídico colombiano y que su desarrollo está sujeto a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Los detalles

“El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y el órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial de Colombia, destacan que el escrutinio electoral constituye una actuación reglada por la Constitución y la ley, que se adelanta con independencia y rigor por las comisiones escrutadoras, integradas principalmente por juezas y jueces de la República”, señala el documento. Las corporaciones también hicieron referencia a la competencia institucional para la oficialización de los resultados electorales. En ese sentido, recordaron que “corresponde al Consejo Nacional Electoral, como organismo autónomo e independiente, declarar los resultados definitivos del proceso electoral del pasado 31 de mayo, dentro del marco legal establecido y con plenas garantías al debido proceso”.

Apoyo a la Registraduría y llamado al respeto institucionalLas autoridades judiciales también manifestaron su respaldo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de la organización logística y operativa de los procesos electorales en el país. ) Tal como lo han resaltado organizaciones como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia; entre otras, manifiestan su apoyo y respaldo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ha articulado esfuerzos con los entes de control, organismos internacionales y demás autoridades competentes para garantizar un proceso transparente y confiable”, expresaron. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura extendieron además una invitación a mantener el respeto por los mecanismos previstos en la Constitución para la validación de los resultados electorales.

En el documento señalaron que la verificación y consolidación de los resultados deben desarrollarse a través de los procedimientos legales previstos para tal fin. “La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura invitan a la ciudadanía, a las instituciones y a los actores políticos a preservar el respeto por el ordenamiento constitucional, y a confiar en los mecanismos legales dispuestos para la verificación y consolidación de los resultados electorales de Colombia”, indicaron. El pronunciamiento desde la Rama Judicial se produce luego de que la Procuraduría adoptó medidas frente a funcionarios del Gobierno por una posible intervención en política, conducta que está expresamente restringida por la Constitución, con el propósito de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de las funciones estatales.

Entre los casos recientes se encuentra el de Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quienes fueron suspendidos provisionalmente por haber opinado en redes sociales y medios de comunicación sobre las campañas presidenciales en curso.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.