Gloria Arizabaleta contraataca a Petro, Roy Barreras y a la Procuraduría: “Mi suspensión fue un montaje”

Surgen avances clave en el escenario mundial. El nombre de Gloria Arizabaleta tuvo gran repercusión en Colombia durante el mes de junio de 2026. La congresista del Pacto Histórico, en calidad de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenó la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro, por una presunta participación indebida en política. Sin embargo, su decisión generó todo tipo de reacciones, desde políticas hasta judiciales, tanto que la Procuraduría General de la Nación determinó la suspensión de la parlamentaria vallecaucana hasta el 20 de julio de 2026, y la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Arizabaleta por el delito de prevaricato por acción.

Un mes después de la polémica, la exrepresentante a la Cámara decidió pronunciarse al respecto, en la que no solo explicó el motivo por el que decidió radicar el auto que suspendió a Petro, así como sus críticas al organismo de control. Arizabaleta, en una entrevista concedida a Semana, consideró que la suspensión en su contra fue un “montaje” del Gobierno Petro, junto con la Procuraduría General de la Nación, para apartarla del cargo y evitar que prosperara su solicitud en el legislativo. La excongresista afirmó también que el procurador general Gregorio Eljach no tenía competencia para suspenderla porque, al actuar como representante instructora en la Comisión de Acusación, ejercía funciones de la Rama Judicial.

Los detalles

“La suspensión de un congresista solo puede darse por la Comisión de Ética de la Cámara o, en su defecto, por la Comisión de Disciplina Judicial. (Pero) me suspendió, me apartó del cargo y permitió que el Gobierno pudiera emitir sus juicios de valor amañados y dar las interpretaciones acomodadas a la opinión pública de lo sucedido”, declaró la exparlamentaria al medio citado. Investigación contra PetroLa excongresista contó que empezó esas averiguaciones en junio de 2025, cuando la entonces senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal remitió a la Comisión de Acusación una comunicación con enlaces de prensa sobre señalamientos de Hugo Carvajal contra Petro.

A partir de ese material, intentó establecer contacto con autoridades estadounidenses por una vía distinta a la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Según su relato, dos ciudadanos en Estados Unidos la conectaron con funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y cuerpos de seguridad. “Les informé que era de la Comisión de Acusación de la Cámara, en qué avanzamos y qué investigaciones tenía en mi poder.

Este proceso, por el que busqué a Estados Unidos, no se llama violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro en 2022; el tipo penal es financiación de campaña electoral con fuente prohibida”, indicó. Arizabaleta sostuvo además que, cuando Eljach pidió información sobre los procesos contra el presidente, decidió actuar con “debida diligencia” y ofició formalmente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para solicitar las declaraciones del “Pollo Carvajal”, “Otoniel”, Carlos Eduardo Restrepo y “Pipe Tuluá”. Dijo que, hasta el momento de su suspensión, no había recibido respuesta.

Qué dicen los expertos

Frente a las pruebas expuestas por la entonces candidata presidencial Vicky Dávila sobre la posible injerencia de alias Pipe Tuluá en la campaña de Petro en 2022, Arizabaleta señaló que el abogado del líder criminal la contactó en enero de 2026 para extender su denuncia. Pese a que menciona que obtuvo nuevas pruebas para sustentar la denuncia como conversaciones y fotografías “muy sensibles”, Arizabaleta no contó con el aval de los Estados Unidos porque, según ella, “veían a la Comisión de Acusación como si fuera parte del Congreso, no como un actor judicial (... ) es gravísimo, porque la Comisión es el máximo ente judicial”.

En esa parte de su relato, cuestionó también la capacidad real de la Comisión para practicar pruebas contra un presidente en ejercicio. Según afirmó, la Dijín no actuó porque su jefe supremo es el presidente y el CTI tampoco procedió con la diligencia que ella esperaba. Suspensión de PetroEn cuanto al auto que ordenó la suspensión del presidente Gustavo Petro, la dirigente vallecaucana defendió esa decisión al invocar el artículo 217 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y aseguró que el presidente incurrió en una conducta reiterada, al punto de escribir 22 trinos en 12 horas, lo que, a su juicio, justificaba una actuación inmediata que luego debía pasar a consulta de la sala plena de la Comisión.

“Sí podía (suspender a Petro), el artículo 217 dice: ‘Se puede tomar una medida cautelar si la actividad persiste’. En este caso, hasta el día de hoy, el señor presidente sigue haciendo política. Sigue desconociendo los resultados electorales”, comentó.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.