La administración Trump reactiva una norma que podría negar la residencia a quienes reciben beneficios públicos

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: La administración de Donald Trump reactivó la regla de carga pública que establece que los inmigrantes que soliciten residencia permanente (green card) en Estados Unidos deberán demostrar que no representarán una carga económica para el país. Por lo tanto, alcanzaría a aquellos que reciben beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos o ayuda para vivienda. La regla apareció el jueves en el Registro Federal, será publicada formalmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre, lo que permitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizar formularios, directrices y procedimientos internos, informaron Associated Press y CBS News.

El presidente Donald Trump impulsó la norma en 2019 con el objetivo de asegurar que únicamente personas autosuficientes pudieran ingresar a Estados Unidos. En 2022, Joe Biden limitó el alcance de carga pública a ayudas en efectivo para gastos básicos y a la institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno. La decisión actual deroga ese marco, precisó EFE.

Los detalles

El USCIS defendió la decisión en su cuenta de X: “El gobierno federal reafirma la necesidad de la autosuficiencia, protege los recursos públicos y pone fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente. Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”. Cómo se aplicará la nueva evaluación de carga públicaAunque la ley federal ya exige que quienes piden residencia legal demuestren que no se convertirán en una carga para el Estado, la nueva versión amplía las causales de descalificación y otorga a los funcionarios de USCIS un margen mayor para evaluar cada caso, indicó Associated Press.

Ese análisis será individual y se basará en “la totalidad de las circunstancias” del solicitante. De acuerdo con la norma, los oficiales podrán valorar edad, salud, situación familiar, patrimonio, recursos financieros, educación, habilidades y el uso de beneficios públicos financiados con fondos públicos. Según funcionarios del organismo, citados por CBS News, entre los beneficios que podrán entrar en consideración figuran Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para vivienda.

Sin embargo, la regla no enumera esos programas por nombre en su texto final, pero sí establece que los agentes evaluarán con “buen juicio y discreción” la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública, reportó Associated Press. Si la solicitud se presentó antes de que la nueva norma comenzara a aplicarse, USCIS solo tendrá en cuenta los beneficios públicos recibidos a partir de esa fecha. Los beneficios obtenidos antes de la entrada en vigor no serán considerados, salvo que hayan sido ayudas económicas para el sustento básico o institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno, detalló CBS News.

Qué dicen los expertos

Asimismo, autoridades del USCIS señalaron al mismo medio que los beneficios obtenidos por familiares del solicitante no se contabilizarán como propios, pero estos podrían ser tomados en consideración al analizar la situación financiera del solicitante. A quiénes alcanzará la nueva norma de carga públicaLa regla se aplicará a no ciudadanos que se encuentren dentro de Estados Unidos y pidan ajustar su estatus a residentes permanentes legales, además de extranjeros que busquen ingresar al país como inmigrantes o no inmigrantes. La evaluación de carga pública tendrá excepciones para determinados perfiles: algunos refugiados, asilados y otros grupos humanitarios, incluidos ciertos menores inmigrantes especiales y algunas víctimas de trata, de delitos y de violencia contemplada en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), explicó CBS News.

El organismo publicará una versión revisada del formulario I-485, utilizado para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus. Las versiones anteriores, enviadas por correo o presentadas en línea a partir de la entrada operativa de la norma, dejarán de ser aceptadas. Proyecciones oficiales, antecedentes y advertencias sobre el “efecto disuasorio”La medida podría alcanzar a unos 588.

000 solicitantes de ajuste de estatus por año, conforme a estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por CBS News. Ese mismo cálculo proyectó, además, un “efecto disuasorio” sobre cerca de 950. 000 personas en hogares inmigrantes, que podrían darse de baja o renunciar por completo a ayudas públicas por temor a perjudicar sus trámites migratorios.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.