La Corte ratificó la cautelar por el financiamiento: “Es una noticia que la comunidad universitaria estaba esperando”

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilaciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión afecta a todas las universidades públicas nacionales. A partir de la resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles.

El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023, tras meses de pérdida provocados por la inflación y el retraso en las partidas. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, confirmó en Infobae Al Amanecer que la espera por el fallo generaba incertidumbre en el sector. “Es una noticia muy importante que la comunidad universitaria estaba esperando”, expresó.

Los detalles

Según su testimonio, el pedido ante la Corte Suprema incluyó un pronto despacho para que la cautelar se resolviera con urgencia. La medida judicial establece que el Estado debe aplicar de forma plena los artículos que fijan la recomposición salarial y la actualización de becas. El rector detalló que el reclamo no buscaba un aumento del presupuesto, sino revertir el deterioro que sufrieron los ingresos y beneficios.

“No es para incrementar el presupuesto de las universidades, es para recomponer el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023, porque la pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo”, afirmó. La recomposición y el alcance del falloEl fallo de la Corte Suprema exige recomponer los salarios docentes y actualizar becas que alcanzan a miles de estudiantes. El impacto recae especialmente sobre el rubro salarial, donde el desfasaje alcanza entre 25% y 30%.

Bartolacci precisó que la actualización de las becas tampoco se había resuelto en su totalidad. “Lo que se recompuso es una parte, que es la beca Manuel Belgrano, que son las becas estratégicas, pero no se había hecho nada con las becas Progresar, que son las que comprenden la mayor cantidad de estudiantes en el sistema universitario y sí están comprendidas en el texto de la ley”, explicó. La aplicación de la ley implica responder a un problema estructural que afecta tanto a docentes como a estudiantes de todo el país.

Qué dicen los expertos

El rector remarcó la importancia del fallo para la salud institucional de la nación. “Que una ley, debatida tantas veces, aprobada con tanta legitimidad, finalmente pueda empezar a aplicarse a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo. El contexto previo incluyó negociaciones entre el Gobierno Nacional y las universidades.

Esas instancias mejoraron de manera parcial los números, pero no resolvieron la totalidad de las pérdidas acumuladas. Bartolacci indicó que la última mejora no subsanó el desfasaje presupuestario. “El desfasaje quedaba aún entre un veinticinco, un treinta por ciento aproximadamente vinculado a lo salarial”, puntualizó.

Dilaciones del Gobierno y argumentos oficialesEl Gobierno Nacional demoró la aplicación de la ley, incluso ante fallos judiciales previos de primera y segunda instancia. Según Bartolacci, existió una intención de dilatar la definición. “Creo que había una intención de dilatar la definición bajo el argumento, que incluso con lo que pasó en junio quedó en evidencia que no era cierto, de que no había recursos y que no había atribuciones en el Poder Ejecutivo para redireccionar partidas”, señaló.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.