La Secretaría Anticorrupción lleva a juicio a cuatro servidores públicos por contratos ilícitos

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Cuatro servidores públicos y una representante legal de una empresa privada enfrentan cargos penales por la firma de contratos con una empresa fantasma por más de 11 millones de pesos en 2018. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó este 29 de junio de 2026 que obtuvo la vinculación a proceso penal de cuatro personas adscritas al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y de una particular, por su presunta participación en la suscripción ilegal de contratos de servicios médicos de alta especialidad. Los hechos se remontan a 2018, cuando personal del hospital firmó tres contratos con una compañía que figuraba en el listado federal de empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes.

Contratos con empresa fantasma por más de 11 millones de pesosLa empresa contratada formaba parte del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), un registro oficial que identifica a compañías que emiten comprobantes fiscales sin respaldo en operaciones reales. La detección de esta irregularidad derivó en la presentación de una denuncia penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente. El monto total ascendió a 11 millones 147 mil 692 pesos.

Los detalles

Los contratos involucraban servicios de alta especialidad dentro de un hospital de referencia nacional perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que agrava el impacto de las irregularidades al comprometer recursos destinados a la atención médica de trabajadores del sector público. Los cinco imputados y los delitos que se les atribuyenEl órgano jurisdiccional determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra cuatro servidores públicos que ocupaban cargos de dirección y subdirección en el hospital al momento de los hechos. José Alfredo “N”, director; Javier “N”, coordinador; Ma.

Dolores “N”, subdirectora; y Rodrigo “N”, subdirector, enfrentan cargos por hechos presuntamente constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones conforme al Código Penal Federal. La quinta imputada es Cecilia Guadalupe “N”, quien actuó como representante legal de la empresa contratada. A ella se le atribuye el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, también tipificado en el Código Penal Federal.

Su vinculación al proceso extiende la responsabilidad penal más allá del ámbito del servicio público, alcanzando al sector privado que participó en el esquema. Prohibición de salida del país como medida cautelarA todos los imputados se les impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país sin autorización judicial, así como la obligación de presentarse periódicamente ante la unidad responsable del seguimiento del caso. Estas medidas buscan garantizar la continuidad del proceso penal y evitar la sustracción de los señalados de la acción de la justicia mientras avanza la investigación.

Qué dicen los expertos

Una acción que abarca hechos de hace ocho añosEl caso ilustra los plazos que pueden transcurrir entre la comisión de irregularidades en la contratación pública y su judicialización. Los contratos se firmaron en 2018; la vinculación a proceso se concretó en junio de 2026, ocho años después. La SABG precisó, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, que la situación jurídica de los imputados podrá modificarse únicamente mediante sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

El comunicado corresponde al número 073 de la dependencia, encabezada por la secretaria Raquel Buenrostro. Las penas que enfrentan los imputadosConforme al artículo 217 del Código Penal Federal, el delito de uso indebido de atribuciones y facultades se sanciona con penas de dos a 12 años de prisión cuando el monto de las operaciones supera las 500 veces el salario mínimo diario vigente al momento de los hechos, además de multa de 30 a 300 días y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos. El mismo artículo establece que el particular que, a sabiendas de la ilicitud del acto, participe en su comisión recibirá las mismas sanciones que el servidor público, por lo que Cecilia Guadalupe “N” enfrenta también una pena de dos a 12 años de prisión.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.