Los testigos del ‘caso FP’ que salpica al Ejecutivo de Ayuso certifican que los contratos a dedo se usaban en múltiples centros

Surgen avances clave en el escenario mundial. La decena de directores de centros educativos que han declarado en los últimos meses en la instrucción del caso FP que salpica al gobierno de Isabel Díaz Ayuso han corroborado que el sistema de trocear facturas para elegir a dedo qué empresa hacía sus reformas se aplicó en múltiples centros. Así lo trasladan dos fuentes jurídicas conocedoras de una investigación por prevaricación administrativa limitada al periodo 2021-2023 y por la que están imputados, entre otros, José María Rodríguez, exdirector general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial; Alfonso Mateos, exsubdirector de FP, o Gabriel Navarro, el empresario supuestamente beneficiado.

De hecho, este miércoles han declarado en sede judicial los directores de tres centros que, según una fuente presente, han venido a coincidir en sus argumentos y los de sus predecesores: no sabían que estaban fraccionando contratos, ya que no son especialistas en administración, pero a la luz de las conclusiones de las auditorías de la Intervención autonómica, han entendido que eso fue lo que hicieron.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.