Ordenan prisión domiciliaria con vigilancia electrónica para el hijo de Diomedes Díaz implicado en caso de secuestro y tortura
La jueza Novena Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, Shiela Tatiana Ortega, avaló la detención domiciliaria para Luis Mariano Díaz González y otros cinco procesados por los delitos de...
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Surgen avances clave en el escenario mundial. La jueza Novena Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, Shiela Tatiana Ortega, avaló la detención domiciliaria para Luis Mariano Díaz González y otros cinco procesados por los delitos de secuestro simple y tortura. La decisión incluye la imposición de vigilancia electrónica a través de un brazalete, bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La medida responde a una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, tras la aceptación de cargos por parte de los seis implicados mediante un preacuerdo con el ente acusador.
El acuerdo prevé una condena de 70 meses de prisión para cada uno, que será revisada por un juez de conocimiento antes de ser definitiva. El caso y los hechos investigadosDe acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Rodrigo Restrepo, los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2025 en Barranquilla, cuando un grupo liderado por Díaz González privó de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas, cobrador de la empresa informal de préstamos “Soluciones Mano a Mano”. Según datos aportados por la Fiscalía, la víctima fue sacada de su vivienda en el barrio Ciudad Modesto por un grupo de al menos 20 personas, que la trasladaron a una casa en el barrio Las Granjas.
Los detalles
Durante su cautiverio, que se extendió desde la madrugada hasta el mediodía, Mejía Vargas fue sometido a golpes, amenazas con armas de fuego y torturas físicas, incluyendo heridas con objetos contundentes y agresiones con la cacha de un arma. El objetivo era presionarlo para que confesara la desaparición de una suma de entre 15 y 30 millones de pesos, supuestamente perdida en la red de préstamos “gota a gota”. La Fiscalía sostiene que Luis Mariano Díaz González asumió el control de la situación en el lugar de retención e infligió personalmente golpes a la víctima mientras exigía el pago del dinero reclamado.
Preacuerdo con la Fiscalía y reparación a la víctimaEl acuerdo suscrito entre los procesados y la Fiscalía General de la Nación contempló la devolución de $3 millones que la familia de la víctima entregó durante el secuestro, el pago de una indemnización cercana a $10 millones y un compromiso de no repetición. Tanto Díaz González como los otros cinco implicados ofrecieron disculpas públicas a Carlos Alfredo Mejía Vargas y su familia en el marco de las audiencias. La pena acordada, de 70 meses de prisión, resulta de considerar la sanción mínima por secuestro simple (128 meses) más 12 meses por tortura, suma que se redujo a la mitad por la aceptación de cargos en la etapa de imputación.
La juez Ortega consideró que los elementos materiales probatorios y las declaraciones de la víctima, familiares y testigos, sustentan la imposición de la medida de aseguramiento en domicilio. Implicados y roles en el casoAdemás de Luis Mariano Díaz González, los otros procesados son Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Stiven Rafael Bolaños De la Hoz y Alexis Rafael Jiménez Urina. Según la Fiscalía, todos participaron de forma activa en la retención y las agresiones contra la víctima, cumpliendo distintos roles en el traslado, custodia, amenazas y coordinaciones durante el secuestro.
Qué dicen los expertos
La decisión de conceder la prisión domiciliaria fue respaldada por la defensa y por el Ministerio Público. La juez enfatizó que la medida busca proteger a la víctima y su entorno, además de garantizar el control de los procesados mediante la tecnología de vigilancia electrónica. Tras la legalización del preacuerdo y la imposición de la medida de aseguramiento domiciliaria, el expediente será remitido a un juez de conocimiento, que deberá decidir si aprueba de manera definitiva el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y los implicados.
La vigilancia electrónica y la reclusión en el domicilio permanecerán vigentes hasta que se emita la sentencia definitiva.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.
