
Presunta imparcialidad
tribunaOpinióniTexto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datosPresunta imparcialidadEl doble rasero judicial y policial acaba erosionando la legitimidad de un...
Estas son las últimas noticias de todo el mundo: tribunaOpinióniTexto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datosPresunta imparcialidadEl doble rasero judicial y policial acaba erosionando la legitimidad de un poder fundamental del EstadoEulogia MerleIgnacio Sánchez-Cuenca02 jun 2026 - 05:30CEST Compartir en Whatsapp Compartir en Facebook Compartir en Twitter Desplegar Redes Sociales Ir a los comentariosAñadir EL PAÍS en GoogleCompartir: Whatsapp Facebook Twitter Bluesky Linkedin Copiar enlaceAnte el giro de los acontecimientos, con la legislatura en plena ebullición, lo más cómodo es apelar a la división de poderes, la imparcialidad de los jueces y dejar “que hablen los tribunales”. Que caiga quien tenga que caer. Cualquiera que vaya más allá de ahí se expone a que se le acuse de disculpar la corrupción por sectarismo partidista o de subvertir la independencia del poder judicial.
Quisiera comenzar presentando mis credenciales, con la vana esperanza de evitar las reacciones más furibundas. Hace algo menos de un año, cuando surgió el escándalo de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, escribí en estas páginas un artículo hablando de las responsabilidades políticas que le tocaba asumir al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Entre otras cosas, defendí que, tras la caída sucesiva de dos secretarios de Organización del partido, lo mejor que podía hacer Sánchez era anunciar que no se presentaría de nuevo a las elecciones y dejar paso a un nuevo equipo que renovara el proyecto y la organización.
Los detalles
Creo que si hubiera hecho algo así, habría sido bueno para la salud democrática del país, para el futuro del PSOE y, por si no fuera suficiente lo anterior, se habría evitado este final de legislatura un tanto agónico. El lío actual no se puede atajar apelando a la presunción de inocencia de los acusados. Cuando sucedieron los escándalos de corrupción de la época de Rajoy, se insistía, creo que con buenas razones, en que una cosa eran las responsabilidades penales, que se sustanciarían en su momento, y otra las responsabilidades políticas, que exigían una respuesta más inmediata.
Algo puede no ser un delito pero resultar políticamente inaceptable. Todos pudimos ver la libreta de Bárcenas. El máximo responsable del partido, Mariano Rajoy, aparecía en más de 30 anotaciones por pagos en negro.
Aquello era suficiente para formarse una opinión de lo ocurrido. Salieron también evidencias de abusos de poder, suficientes para entender qué tácticas había utilizado el Gobierno del PP para tapar el rastro de su corrupción y acabar con los rivales. Aunque la justicia apenas ha avanzado en el esclarecimiento de estos acontecimientos (se está juzgando la Kitchen diez años después, pero no se ha hecho prácticamente nada con las operaciones contra Podemos y los independentistas catalanes), es legítimo discutir sobre la responsabilidad política del PP en estos acontecimientos.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.





