Protocolos de actuación policial unificados y más recursos, claves para protección animal

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: Madrid, 25 jun (EFE). - La protección de los derechos de los animales para reducir su maltrato y su abandono pasa por unificar protocolos de actuación policial y una mayor asignación presupuestaria para la gestión de fuerzas de seguridad en esta materia, defiende la Cátedra Institucional Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. La Cátedra, que ha supervisado la reciente publicación de la primera guía de actuación policial en protección animal, elaborada por la Dirección General de Derechos de los Animales y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), ha publicado un análisis crítico de las deficiencias estructurales de las leyes de protección animal en España.

Esta primera guía ha sido promovida por la dirección dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y concebida principalmente como herramienta práctica para la intervención de servicios policiales en casos de maltrato y abandono animal. Sin embargo, la Cátedra señala que "el sistema actual no está preparado para aplicar de forma eficaz" la protección animal que presenta la reciente Ley de Bienestar Animal debido a cuatro puntos principales. El objetivo de la guía es estrechar la brecha entre la legislación vigente y lo que ocurre realmente sobre el terreno, pues, según cifras facilitadas por la Cátedra, se estima que en España aún se abandonan alrededor de 300.

Los detalles

000 animales, la cría ilegal sigue operando y el tráfico internacional de especies es el tercer negocio ilícito mundial, "siendo nuestro país un punto estratégico de tránsito, origen y destino". Y existen cuatro puntos clave, según la Cátedra, que impiden cumplir aún ese objetivo. Las diferencias entre leyes estatales y autonómicas, así como ordenanzas municipales, provoca que haya animales mejor protegidos en unos lugares que en otros; la falta de recursos para gestionar incautaciones, traslados, custodias o atención veterinaria urgente; la delegación pública de funciones básicas en ONG o protectoras que sufren inestabilidad económica, y el desconocimiento jurídico de la población o la normalización del maltrato, así como la falta de especialización en el sistema jurídico que provoca una incorrecta calificación de jurídica.

Por ello, para paliar estas "deficiencias", la Cátedra sugiere colocar a las fuerzas de seguridad como algo más que un aplicador de la norma, como un "actor esencial encargado de convertir el derecho en una realidad palpable". Además, el organismo insta a adoptar un enfoque criminológico que reconozca la violencia interconectada, pues "el maltrato animal suele estar estrechamente vinculado a otras formas de violencia interpersonal, como la violencia de género". Propone cuatro medidas dirigidas a administraciones y jefaturas de policía: la creación de unidades especializadas en protección animal y protocolos unificados; asignar más fondos públicos para esta materia; una formación continua obligatoria de policías, judicatura y servicios sociales en bienestar animal, peritajes e indicadores técnicos de maltrato, y reconocer jurídicamente entidades académicas en la práctica policial diaria.

Pese al análisis crítico, Nuria Máximo Bocanegra, directora de la Cátedra, ha asegurado que la guía "no es solo un texto técnico, es un avance imprescindible hacia la seguridad jurídica, la elevación de la calidad de las intervenciones y la dignificación del trato a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad".

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.