Registro de líneas celulares: la prórroga que delata el fracaso de una política pública

Surgen avances clave en el escenario mundial. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó esta semana lo que muchos analistas ya anticipaban: el registro obligatorio de líneas celulares en México no pudo cumplir su propio calendario. El plazo general que vencía el 30 de junio fue sustituido por una prórroga escalonada que distribuye las fechas límite entre agosto y diciembre de 2026, determinadas ahora según el último dígito del número telefónico de cada usuario. Quien tenga un número terminado en cero deberá registrar su línea antes del 15 de agosto; quien lo termine en nueve, contará hasta el 31 de diciembre.

Quienes no cumplan en su fecha asignada verán suspendido el servicio en las siguientes 72 horas, conservando únicamente la posibilidad de marcar a números de emergencia, a centros de atención ciudadana, a su propia operadora para completar el registro tardío, y de recibir alertas sísmicas. La prórroga, presentada por las autoridades como una medida de facilidad técnica y administrativa, es en realidad la evidencia más clara de que la política nació mal diseñada, con una arquitectura legal que generó desconfianza desde el primer día y que hoy enfrenta la resistencia silenciosa de decenas de millones de mexicanos. Cerca de 83 millones de líneas —aproximadamente dos terceras partes del universo de 144.

Los detalles

5 millones activas en el país— siguen sin registrarse. Ese número no es una anomalía estadística ni producto de la ignorancia ciudadana. Y el gobierno, en lugar de escucharla, optó por extender el plazo sin responder la pregunta que más importa: ¿quién y bajo qué condiciones protegerá los datos personales que se recaben?

Para entender la magnitud de lo que está en juego, conviene detenerse en lo que el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía documenta sobre el papel del teléfono celular en la vida de los mexicanos. 7% de la población de seis años en adelante usó el teléfono celular, y de ese universo, el 79. 9% operaba bajo un esquema de prepago.

Este dato es fundamental porque revela el perfil del usuario que el gobierno pretende registrar: no se trata principalmente de consumidores de planes corporativos con contratos firmados y datos verificables, sino de millones de personas que adquieren tiempo aire en tiendas de conveniencia, mercados y papelerías, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad económica. El gasto promedio en prepago fue de apenas 161. 8 pesos mensuales, mientras que el de pospago ascendió a 447.

Qué dicen los expertos

5 pesos, una diferencia que habla por sí sola de las asimetrías socioeconómicas que atraviesan la conectividad en México. Esa dependencia del teléfono inteligente como puerta de entrada al mundo digital no es un detalle menor: es la columna vertebral de la inclusión tecnológica del país. 2% de los usuarios de internet accedió a la red desde un teléfono celular inteligente, lo que convierte al dispositivo móvil en prácticamente el único canal de conectividad para una porción enorme de la población.

Ninguna computadora de escritorio, ninguna tableta ni televisor inteligente se acerca siquiera a esa cifra. Ante este panorama, condicionar el acceso a la telefonía móvil a la entrega obligatoria de datos biométricos e identificaciones no equivale a regular un servicio: equivale a controlar la llave de acceso al siglo XXI para millones de personas. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 estimó 100.

2 millones de personas usuarias de internet, lo que equivale al 83. 1% de la población de seis años y más, un incremento de 1. 9 puntos porcentuales respecto a 2023.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.