Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

Surgen avances clave en el escenario mundial. Este viernes 29 de mayo, medios de comunicación y actores políticos reportaron la entrega a Estados Unidos del extitular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, acusado por el Departamento de Justicia de ese país de haber protegido a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa junto con otros servidores como el gobernador Rubén Rocha Moya. Entre quienes difundieron la información estuvo la senadora Lili Téllez y el medio La Silla Rota. Asimismo, el diario El Universal difundió el hecho, señalando que una fuente de la Fiscalía federal de EEUU lo confirmaba.

Hasta el momento las instituciones de ambos países no han emitido declaraciones al respecto. La senadora panista reaccionó a la supuesta entrega en su cuenta de X y señaló que Almanza Avilés prefirió una cárcel en Estados Unidos antes que el supuesto “narcoestado de Morena”. Apuntó también contra el senador morenista Enrique Inzunza, acusado en el mismo expediente.

Los detalles

La presunta acción se habría concretado días después de que Almanza Avilés compareciera ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, el pasado 26 de mayo, y declarara públicamente lo contrario. “Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Hice las cosas con bien todo el tiempo.

Yo le doy la cara al que sea y donde sea”, dijo entonces frente a los medios. En esa ocasión también descartó entregarse voluntariamente a Estados Unidos y afirmó que las acusaciones en su contra se basaban en señalamientos sin sustento: “Se están yendo a un dicho, y ese dicho no prevalece para mí”. El Departamento de Justicia lo identificó como “R1” y le atribuye pagos de 300 mil pesos mensualesEl expediente presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por parte del Departamento de Justicia de EEUU identificó a Almanza Avilés en listas internas del cártel como “R1” y estableció que habría recibido aproximadamente 300 mil pesos mensuales de Los Chapitos entre 2017 y 2022.

Según la acusación, el acuerdo corrupto se habría pactado en un rancho de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa, con presencia también de Ovidio Guzmán, hijos de “El Chapo”. A partir de ese momento, el exfuncionario habría permitido que Los Chapitos operaran libremente en el estado. El indictment le atribuye haber librado órdenes de detención contra rivales del cártel, permitido el transporte de químicos para producción de fentanilo por Culiacán sin interferencias, ordenado la liberación de miembros del grupo detenidos por tráfico de drogas y filtrado información sobre operativos del Ejército Mexicano y la Marina.

Qué dicen los expertos

Cuatro días antes de los cargos, cruzó la frontera hacia Arizona sin saber que era buscadoAlmanza Avilés reveló el 26 de mayo que se enteró de los cargos en su contra cuatro días después de haber estado en territorio estadounidense. Viajaba con frecuencia a Yuma, Arizona, desde San Luis Río Colorado, Sonora, donde tiene tres hectáreas de alfalfa. “Si no hubieran publicado eso, yo hubiera sido el primero que hubiera caído ahí”, dijo.

Con la presunta entrega, Almanza Avilés se sumaría a la lista de acusados que ya se encuentran en manos de la justicia estadounidense, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, quien tendrá su próxima audiencia el 1 de junio y fue el primero en entregarse. Además, extraoficialmente se presume que el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega también estaría bajo la tutela de la justicia de aquel país, aunque no ha sido confirmado. Almanza enfrenta tres cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación delictuosa para poseer ese armamento.

La pena máxima en caso de ser declarado culpable es cadena perpetua, con una mínima de 40 años de prisión.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.