Tribunal admitió acción contra la ANT para exigir transparencia total en la compra de tierras de la reforma rural

Surgen avances clave en el escenario mundial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante la cual se solicita que la entidad publique de manera completa y oportuna toda su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), incluyendo los procesos de compra de predios destinados a la Reforma Rural Integral. La decisión fue adoptada mediante auto del 25 de junio de 2026.

La admisión de la demanda significa que el tribunal encontró acreditados los requisitos legales para iniciar el trámite judicial, pero no constituye una decisión sobre el fondo del litigio. A partir de esta etapa, el proceso continuará dentro de la jurisdicción contencioso administrativa mientras FEDe. Colombia anunció que hará seguimiento a las actuaciones judiciales.

Los detalles

Cuestionamientos a la ausencia de información La acción de cumplimiento sostiene que la ANT estaría incumpliendo las obligaciones legales de publicidad previstas en los artículos 3 y 13 de la Ley 1150 de 2007, así como del Decreto 1082 de 2015, el Decreto Ley 019 de 2012 y varias disposiciones del Manual de Contratación de la propia entidad. Según la demanda, estas normas obligan a las entidades estatales a publicar en el Secop II todos los documentos relacionados con su actividad contractual, tanto en las etapas precontractual como contractual y poscontractual, sin importar si determinadas actuaciones se desarrollan bajo un régimen especial o excepcional. Como parte del sustento de la acción, FEDe.

Colombia realizó una revisión del Secop II y concluyó que, desde julio de 2025, los registros publicados por la ANT corresponden principalmente a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. La fundación sostiene que no encontró evidencia de los procesos de adquisición de predios que hacen parte del objeto misional de la Agencia Nacional de Tierras, pese a que estos representan una parte significativa de la ejecución presupuestal de la entidad. En la demanda también se afirma que, aunque la página institucional de la ANT menciona la existencia de contratos vigentes relacionados con su actividad, varios de ellos no tendrían trazabilidad documental en el Secop II, lo que impediría conocer información como el objeto contractual, los estudios previos, el valor, el estado de ejecución y otros documentos previstos en la normativa de contratación pública.

La compra de tierras concentra el 42% del presupuesto de adquisicionesUno de los principales argumentos de la demanda hace referencia al peso presupuestal de la compra de predios dentro de la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con la revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2026 realizada por FEDe. Colombia, la entidad destinó $483.

Qué dicen los expertos

271 para la adquisición de predios, mientras que el presupuesto total de apropiaciones asciende a $1. 154, lo que significa que la compra de tierras representa aproximadamente el 42,21% del presupuesto de adquisiciones de la ANT. Pese a ello, la Fundación sostiene que no existen registros públicos en el Secop II que permitan conocer el desarrollo de esos procesos de adquisición, sus documentos contractuales o el estado de ejecución de las operaciones.

La demanda argumenta que el deber de publicidad también cobija este tipo de contratos, pues la adquisición de predios constituye actividad contractual estatal. El documento señala que dichos procesos generan documentos propios de la contratación pública, entre ellos certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, avalúos, ofertas de compra, minutas, escrituras públicas, informes de supervisión y actas de recibo, por lo que, según la fundación, deben ser objeto de publicación en el sistema oficial de contratación. Dentro de los hechos expuestos ante el tribunal, FEDe.

Colombia resalta que la falta de información pública adquiere mayor relevancia debido a que la Contraloría General de la República reportó presuntas irregularidades fiscales por aproximadamente $160. 000 millones en procesos de compra de predios adelantados por la ANT para la Reforma Rural Integral. La fundación sostiene que precisamente esos procesos sobre los cuales existen observaciones fiscales son los que, según su revisión, no cuentan con la trazabilidad documental exigida por el régimen de contratación pública dentro del Secop II.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.