Un tribunal de EEUU ordena la ejecución del laudo de renovables contra España por el caso BayWa

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: Mehta, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, ha dictado una 'Final Judgment' en favor de la ejecución del laudo Ciadi correspondiente al caso BayWa, reconociendo a los acreedores un crédito de 28,2 millones de dólares (24,7 millones de euros), que crecerán al acumular intereses de demora posteriores a la sentencia, hasta el completo pago de la indemnización, según informaron a Europa Press en fuentes de los acreedores. La resolución del caso, que gestiona Blasket Renewable Investments, llega apenas un día después de que el Supremo estadounidense rechazara la petición de certiorari presentada por el Reino de España, despejando definitivamente la vía para que los tribunales federales estadounidenses conozcan de los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos renovables. La sentencia de Blasket se suma a los importantes avances registrados durante las últimas semanas, después de que, a comienzos de junio, distintos acreedores lograran registrar en tribunales estadounidenses siete sentencias federales derivadas de laudos renovables, por un importe conjunto cercano a 700 millones de euros, en una estrategia destinada a ampliar el número de jurisdicciones desde las que perseguir activos del Reino de España.

Entre los procedimientos registrados se encuentran los correspondientes a compañías como NextEra Energy, 9REN, Cube Infrastructure, InfraRed o Rreef Infrastructure, entre otros inversores afectados por el recorte retroactivo de las primas renovables. Las fuentes consultadas han destacado que la rapidez con la que se ha producido este nuevo avance judicial pone de manifiesto la trascendencia práctica de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, ya que lo que hasta ahora era una disputa centrada en cuestiones jurisdiccionales entra desde este momento en una nueva fase, enfocada principalmente en la ejecución efectiva de los laudos y en la localización de activos susceptibles de embargo. "La decisión del Tribunal Supremo cambia por completo el terreno de juego.

Los detalles

Los acreedores ya no tienen que concentrar sus esfuerzos en defender la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, sino en ejecutar los laudos y recuperar las cantidades reconocidas por los tribunales arbitrales", señalan fuentes próximas a los acreedores"Cada nuevo registro, cada nueva sentencia y cada nueva orden de 'discovery' incrementa la presión sobre España. La cuestión ya no es si los laudos pueden ejecutarse en Estados Unidos, sino cuántos acreedores seguirán ahora esta vía y con qué rapidez lo harán. España no puede seguir incurriendo en este serial de impagos y debe zanjar de una vez esta bochornosa controversia que erosiona de forma devastadora su imagen y credibilidad internacional", recalcan.

España sumaba 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en Estados Unidos, pero también en otros países como Bélgica, Países Bajos, Australia, Reino Unido o Singapur. En EEUU, las sentencias que condenan a España a pagar estos laudos rondan los 700 millones de euros, aunque constituyen únicamente una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores, que continúan avanzando en distintas jurisdicciones, incluyendo Bélgica, donde permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas bancarias que también han sido intervenidas por los acreedores. Por otro lado, en los Países Bajos se han iniciado procedimientos destinados al embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.

En la misma línea, en Australia, los tribunales han reconocido ya más de cuatro laudos arbitrales contra España, en este caso por un importe conjunto superior a 400 millones de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado recientemente resoluciones favorables a los acreedores en procedimientos relacionados con indemnizaciones superiores a 300 millones de euros.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.