Una denuncia puso en la diana de Hacienda los contratos del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso

Surgen avances clave en el escenario mundial. Una denuncia recibida en julio de 2022 alertó a la Agencia Tributaria de posibles irregularidades en las reformas de los centros educativos de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. Cuando Hacienda se interesó por el asunto, a través de un requerimiento enviado el 9 de enero de 2023 al complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, el problema fue inmediatamente comunicado a la administración regional.

“No me gusta que este escrito de denuncia vaya por la AET, no es lógico”, escribió el director del complejo educativo en un email enviado a la consejería de Educación, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Acababa de empezar la cuenta atrás para el estallido del caso FP.

En esta causa se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa vinculado al supuesto fraccionamiento de contratos para sortear la ley; evitar sacar a concurso las reformas millonarias de una docena de centros educativos; y poder elegir a dedo a la empresa que las llevaría a cabo. La mecha prendida por aquel requerimiento explotó nueve meses después, en septiembre de 2023, cuando Gabriel Navarro, del grupo Virelec, envió a la Comunidad dos burofaxes reclamando el pago de 1,4 millones por las obras.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.