Violencia sexual infantil en Argentina: los datos más preocupantes del país en un ranking global de prevención

Surgen avances clave en el escenario mundial. Según el informe oficial de Argentina del 2026 Out of the Shadows Index, elaborado por Economist Impact, que mide la capacidad de los países para prevenir y responder a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el país obtuvo 47,6 puntos sobre 100 y se ubicó en el décimo lugar entre 16 países de América Latina y el Caribe. La información es preocupante al observar los contrastes internos: Argentina obtuvo 70 puntos sobre 100 en el área de healing o reparación y 54,5 en justicia, pero descendió a 43,3 en prevención y alcanzó 18 puntos en gobernanza y rendición de cuentas. Estos números no hablan solo de desempeño institucional: hablan de salud mental infanto-juvenil, porque cada falla de prevención, escucha y protección se traduce luego en trauma, síntomas, miedo, autolesiones, intentos de suicidio y desconfianza hacia el mundo adulto.

La salud mental infanto-juvenil no puede pensarse separada de las políticas, es decir, de la capacidad real de transformar los sistemas para el cuidado y la protección para las personas más vulnerables que lo habitan. El índice rescata leyes, políticas o servicios, pero alerta acerca de la persistencia de lagunas en cobertura y rendición de cuentas. Una lectura del informe es que las normas pueden existir, pero sin coordinación, financiamiento, prevención efectiva, seguimiento y responsabilidad institucional, la protección de la infancia sigue quedando demasiado lejos de la vida real.

Los detalles

Argentina muestra una contradicción muy dolorosa: ha logrado avances normativos importantes, como la prohibición expresa del castigo corporal en todos los ámbitos a partir del Código Civil y Comercial vigente, pero esa conquista legal no alcanza si no se traduce en vigilancia, cumplimiento efectivo, prevención y transformación cultural. Tenemos la legislación, pero las leyes no alcanzan si no existen condiciones materiales, políticas e institucionales para prevenir, detectar, escuchar, reparar y sostener respuestas a largo plazo. Todavía falta lograr la imprescriptibilidad penal de los delitos de violencia sexual padecidos durante la infancia, crear comisiones de la verdad que permitan dimensionar el número real de víctimas y ofrecer reparación y construir algo más ambicioso, nuestro sueño, un organismo único que nuclee a todos, con talla política acorde a la gravedad de las problemáticas que atraviesa la niñez: un Ministerio de la Infancia, que venimos proponiendo desde hace años mediante un proyecto de ley.

Una institucionalidad capaz de prevenir, escuchar, reparar y colocar a la infancia en el centro real de la agenda pública, no en los bordes panfletarios y decorativos del discurso. La institucionalidad, que otorga la protección y cuidado que se necesita, requiere decisión política, consensos serios y una voluntad real de colocar a la infancia por encima de los cálculos partidarios. Por eso, como escribí en julio de 2025, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién defiende a la infancia?

No puedo ocultar mi amarga decepción frente a una dirigencia política que, en lugar de construir acuerdos responsables para proteger a bebés, niños, niñas y adolescentes, parece disputar cargos y espacios como si se tratara de un trozo de torta, mientras la infancia argentina atraviesa una realidad feroz que no admite más demoras. Hoy la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación vuelve a quedar acéfala después de un concurso atravesado por cuestionamientos, opacidades y disputas que conozco de cerca, porque fui finalista de ese proceso. Esta es una expresión más de las lagunas que señala el informe.

Qué dicen los expertos

Cuando el organismo llamado a defender los derechos de la infancia queda vacante, y los procesos institucionales pierden transparencia o quedan capturados por escándalos se debilita la prevención, la protección no llega, se fragmentan las respuestas y se diluye la responsabilidad estatal frente a las violencias contra niños, niñas y adolescentes y nadie puede defender la caída del financiamiento. No alcanza con proclamar derechos, ni mostrar estadísticas si después las instituciones quedan acéfalas, fragmentadas o sometidas a negociaciones ajenas a la urgencia de la infancia. Estas lagunas golpean con mayor crudeza a quienes ya se encuentran en condiciones de desigualdad: niñas, niños y adolescentes con discapacidad, infancias pobres, migrantes, indígenas, afrodescendientes, institucionalizadas o que viven en territorios donde el acceso a salud, justicia, educación y protección es fragmentario o directamente insuficiente.

La interseccionalidad es el vértice donde se verifica con más dureza la falla del sistema. Allí donde se necesitan más apoyos, accesibilidad, escucha y presencia estatal, hay más obstáculos, silencios y soledad. Mientras a nivel global y local se realizan eventos, se anuncian compromisos y se multiplican discursos sobre la protección infantil, en la vida concreta seguimos recibiendo en los servicios locales, en los hospitales y en los consultorios a bebés, niños y niñas atravesados por maltratos, agresiones sexuales en ámbitos presenciales y digitales, consumos problemáticos mediados por pantallas, autolesiones, intentos de suicidio y problemáticas extremas de salud mental.

Y también recibimos el pedido desesperado de organismos y equipos que deben decidir sobre casos gravísimos sin espacios suficientes de supervisión, acompañamiento ni resguardo institucional. Los trabajadores del sistema de protección, lo digo siempre, están precarizados y demasiado solos. Y cuando quienes deben cuidar también quedan desamparados, la fragilidad institucional vuelve a caer sobre la infancia.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.