A los congresistas colombianos no les reducirán el salario a partir del 20 de julio, decisión del Consejo de Estado les devolvió la prima

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. El Consejo de Estado suspendió de forma provisional el Decreto 030 de 2026, la norma con la que el Gobierno nacional derogó la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionaran a partir del 20 de julio de 2026. La decisión frenó, por ahora, una medida que el alto tribunal consideró riesgosa para la igualdad salarial y para garantías institucionales de la Rama Judicial. La medida cautelar se adoptó dentro de una demanda de nulidad contra el decreto, porque el alto tribunal encontró indicios de que la norma creaba un trato salarial distinto entre funcionarios que ocupan los mismos cargos y cumplen las mismas funciones.

También advirtió un posible impacto sobre la independencia y la autonomía judicial, por el vínculo entre la remuneración de los congresistas y la de jueces, fiscales y otros órganos de control. El auto está fechado el 16 de julio de 2026 y corresponde al expediente 11001 03 25 000 2026 00076 00 (0159-2026). La decisión la firmó la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del conjuez Héctor Santaella Quintero.

Los detalles

La demanda fue presentada por Sady Andrés Orjuela Bernal contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp). El despacho recordó además que la demanda fue admitida y la solicitud de suspensión se trasladó a las entidades demandadas el 9 de abril de 2026. Después, mediante auto del 3 de junio de 2026, el tribunal reconoció como coadyuvantes de la parte demandada a Arquímides Fonca Alvarado, Jhon Alexander Sierra Garzón y David Francisco Camargo Hernández.

En el trámite también intervino la Procuraduría General de la Nación para apoyar la solicitud de suspensión. Qué eliminaba el decreto suspendidoEl Decreto 030, expedido el 19 de enero de 2026, derogó el Decreto 2170 de 2013. Esa norma reconocía una prima especial de servicios para los miembros del Congreso por $7.

445, reajustable cada año y computable para la liquidación de prestaciones como la prima de servicios y la prima de navidad. Según el expediente, el Decreto 2170 había sustituido las primas de localización y vivienda y de salud de los congresistas. El nuevo decreto dispuso que solo conservarían la prima quienes estuvieran vinculados antes del 20 de julio de 2026 y que quienes ingresaran desde esa fecha dejarían de recibirla.

Qué dicen los expertos

El acto demandado también fijó que sus efectos fiscales comenzaban el 20 de julio de 2026. Además, en su artículo 3, señaló que el DAFP es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Aunque el debate principal se concentró en los artículos 1, 2 y 4, el Consejo de Estado suspendió todo el decreto, incluido el artículo 3.

El despacho sostuvo que esa previsión era accesoria dentro del reglamento y que mantener una suspensión parcial podía abrir incertidumbre jurídica. Argumentos del Consejo de EstadoEl eje de la decisión fue la diferenciación que el decreto introducía entre servidores que desempeñan las mismas funciones. Para la corporación, la norma “impone una bifurcación en el tratamiento salarial y prestacional” dentro de la justicia y de otros organismos atados al régimen de los congresistas.

El auto sostuvo que esa diferencia choca con la regla de igual trabajo, igual salario. En esa línea, afirmó que “el principio de igualdad proscribe diferencias salariales carentes de justificación material” y recordó que el trabajo debe ejercerse en condiciones dignas y justas. La providencia también vinculó el caso con la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.