Carrió cuestionó la reforma de la Ley de Tierras: “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”
La iniciativa del oficialismo que apunta a levantar las restricciones que la ley vigente impone sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros está cerca de discutirse en el Senado si el Congreso...
July 31 — İsrail x Hizbullah ile kalıcı barış anlaşması...?
Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La iniciativa del oficialismo que apunta a levantar las restricciones que la ley vigente impone sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros está cerca de discutirse en el Senado si el Congreso aprueba el proyecto de ley también conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante esto, la ex diputada Elisa Carrió cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno. “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”, consideró.
Mediante el argumento de que sean las provincias las que decidan y pongan los límites, el Gobierno puso en el centro del debate la eliminación de la restricción nacional del 15% establecido mediante la Ley 26. 737, concebida como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales. Carrió expresó sus consideraciones mediante un documento que difundieron desde el espacio que conduce.
Los detalles
Así, la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional habilita a que estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político. El texto lleva la firma de otras 75 personas, entre las que se encuentran referentes de la Coalición Cívica-Ari (CC-Ari) y ex diputados nacionales y ex legisladores porteños. En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, la agrupación liderada por Carrió sostuvo que la reforma desplaza el eje del régimen vigente y añadió que pretenden “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.
En otras palabras, los interesados dejarían de estar sujetos a los principales límites que hoy impone la norma legal. Por un lado, el tope general mencionado del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1. 000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
El documento también cuestiona la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15. 385/44, que condicionaba la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza a la nacionalidad argentina nativa del comprador. “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente.
Qué dicen los expertos
De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, resaltó la ex diputada. El posicionamiento califica ese esquema como una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe conceder facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y va más lejos al señalar que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.
En otro apartado del documento, la referente de la CC-Ari pidió tener en cuenta “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”. En sentido señaló el vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir. “Pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”, invoca el texto.
Frente a ese escenario, los autores del documento defienden la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que distinga entre apertura económica y entrega de jurisdicción. "La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética“, reclamaron. Y agrega que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.
El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.
