Cámaras registran a Jackson Mora junto a un presunto cómplice durante la transferencia de 10 millones de soles, según la PNP
El expeleador de artes marciales mixtas Jackson Mora Rodríguez, conocido como “Terco Mora” y exesposo de Tilsa Lozano, enfrenta una de las acusaciones más graves de su historial, tras ser vinculado con el presunto robo...
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Surgen avances clave en el escenario mundial. El expeleador de artes marciales mixtas Jackson Mora Rodríguez, conocido como “Terco Mora” y exesposo de Tilsa Lozano, enfrenta una de las acusaciones más graves de su historial, tras ser vinculado con el presunto robo de casi 10 millones de soles de los fondos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), cámaras de videovigilancia habrían registrado al empresario junto a un presunto cómplice durante la transferencia millonaria, mientras la Fiscalía lo investiga por fraude informático, banda criminal y lavado de activos. La investigación se inició tras la denuncia presentada por el alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, quien alertó sobre el retiro irregular de fondos municipales.
De acuerdo con la información difundida por Magaly TV La Firme y confirmada por la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, la transferencia de 9’984,793 soles fue realizada a la cuenta de la empresa FFC MMA SAC, vinculada a Mora. Las pesquisas señalan que el 23 de abril, cámaras de seguridad captaron a Mora cerca de una agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP) en La Aurora, Miraflores, acompañado de su hermana Noelia Mora Rodríguez (“Nora”) y de David Mesones Mazzini, en el mismo momento en que la suma ilícita ingresaba a la cuenta de su compañía. Según la Segunda Fiscalía Penal de La Molina, Mora habría impreso y presentado facturas con contenido falso en el banco para solicitar la emisión de diez cheques de gerencia, con el propósito de legitimar presuntos servicios prestados por FFC MMA SAC a la municipalidad y justificar la venta de bienes inexistentes.
Los detalles
La empresa figura en registros oficiales como proveedora de obras para el distrito de Pueblo Nuevo, pero el Ministerio Público sospecha que se trata de una fachada creada para canalizar fondos públicos de manera fraudulenta. Datos que refuerzan acusaciónUn dato que refuerza la acusación es que, tras la transferencia, la cuenta de Mora mantuvo un saldo superior a los 800 mil soles, mientras que el resto del dinero fue transferido a cuentas de otras empresas investigadas por la PNP. En total, la policía logró recuperar más de ocho millones de soles que habían sido enviados a dos compañías de fachada, aunque una parte de los fondos aún no ha sido recuperada.
La lista de detenidos incluye, además de Jackson Mora y su hermana, a Daniel Jesús Mesones Mazzini (“Jechu”) y César Antonio Nepo Zolla, propietario de una oficina en la torre Polo Junto II, presuntamente utilizada como base operativa y vinculada a la congresista Jeny López. También figuran en el proceso Giovani Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Chauca Tantaleán, Marcio Gonzales Upiachihua, Fiorella Milagros Gallo Roncaya, Máximo Salomón Ojeda Cisneros, Karla Vílchez Rodríguez y Álvaro Vacacela Rodríguez, todos señalados como posibles miembros de la red dedicada al fraude y lavado de activos. El abogado penalista Andy Carrión explicó a Trome que, de confirmarse la responsabilidad penal de Mora, la condena podría superar los 20 años de prisión.
“Fraude informático tiene una pena no menor de 3 años ni mayor a 8 años. Banda criminal es más leve que organización criminal: va de 4 a 8 años. Lavado de activos es el más grave: hasta 15 años.
Qué dicen los expertos
Es posible sumar las penas si se trata de conductas distintas. Fraude y lavado deberían sumarse. El de banda podría subsumirse en los dos.
Es decir, serían 15 más 8, lo que daría una pena de 23 años”, detalló el especialista. El caso ha generado gran repercusión debido al monto sustraído y a la participación de figuras conocidas en el delito. La Fiscalía busca determinar el grado de implicancia de cada uno de los detenidos y establecer si existió una organización estructurada para defraudar los fondos públicos, así como la ruta que siguió el dinero una vez transferido.
La investigación continúa con la revisión de contratos, testimonios y la colaboración de entidades financieras. El proceso judicial podría extenderse en función de los hallazgos y de la información que aporten los implicados.
El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.
