Contraloría emitió alerta por cientos de predios comprados por la ANT para la reforma agraria: pagó casi un billón y no existen títulos de propiedad

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La compra de predios sin escritura para la reforma agraria quedó bajo cuestionamiento en Colombia después de que la Contraloría advirtiera que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pagó 979. 000 pesos por 537 inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sin que se consolidara su transferencia registral. Según un informe oficial revelado por la revista Cambio, la Contraloría cuestionó esa compra porque la ANT desembolsó el total de los recursos por 537 predios sometidos a extinción de dominio sin que existiera todavía registro a favor de la nación.

Con corte al 22 de junio de 2026, solo tres estaban escriturados, aunque la ANT confirmó que unos 300 ya habían sido entregados para la reforma agraria. El hallazgo se concentra en recursos comprometidos en 2025 y en un convenio firmado en 2024 para adquirir tierras administradas por la SAE. La auditoría concluyó que apenas tres de los 537 predios habían sido integrados al inventario del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Los detalles

Esos tres inmuebles son Santa Bárbara, El Porvenir o la Honda y San Ignacio y El Atropello. Su avalúo conjunto asciende a 20. 996 millones de pesos.

Para el ente de control, la ANT ejecutó pagos completos sin garantizar antes la tradición de los inmuebles. También advirtió que, al no estar perfeccionada la titularidad jurídica, los bienes ya entregados quedan expuestos a disputas que podrían afectar la seguridad jurídica del patrimonio público. Los riesgos jurídicos que advirtió la ContraloríaLa auditoría señaló que la nación todavía no figura como titular de la mayoría de esos predios.

Por eso, podrían aparecer medidas cautelares, reclamaciones de terceros o embargos derivados de procesos contra antiguos propietarios o contra la SAE. El informe revelado por la revista mencionada también afirma la figura de la inoponibilidad. Según esa tesis, un negocio puede ser válido entre las partes y aun así no surtir efectos frente a terceros.

Qué dicen los expertos

La Contraloría sostuvo que la ANT pagó el 100% de la contraprestación sin recibir formalmente el activo. Desde esa perspectiva, el Estado habría perdido prelación frente a terceros de buena fe que registren antes un derecho sobre esos bienes. El órgano de control añadió que durante la ejecución contractual se flexibilizaron cláusulas que originalmente subordinaban los pagos a hitos registrales y de transferencia jurídica.

A juicio de la auditoría, esa modificación priorizó el flujo de caja sobre el registro de la propiedad. El informe también citó el decreto ley 902 de 2017 para sostener que los predios deben incorporarse primero al Fondo de Tierras antes de su adjudicación. Según ese criterio, si no existe tradición previa, la entrega posterior a campesinos carecería de base legal suficiente.

La defensa de la ANT y la meta de escrituraciónLa Agencia Nacional de Tierras (ANT) respondió que sí suscribió promesas de compraventa por los 537 predios y que la escrituración depende de etapas técnicas previas. La entidad indicó que, una vez concluyan el saneamiento predial y los avalúos, avanzará la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria. La ANT también sostuvo que, si surge una medida posterior a la firma de la promesa de compraventa, la SAE deberá cubrir esos costos con la reserva técnica prevista para atender requerimientos judiciales.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.