Contrato para comprar drones destinados a la Policía Nacional es investigado por la Procuraduría: costaría más de $3.700 millones

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa la adquisición de drones para la Policía Nacional de Colombia, un proceso contractual que comenzó en 2022 y que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su legalidad y ejecución. La investigación disciplinaria involucra directamente a altos exfuncionarios responsables del manejo y supervisión de este contrato. El expediente disciplinario se concentra en las decisiones tomadas dentro del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo) y el Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (Cippa), así como en la actuación de quienes tenían la responsabilidad de velar por la transparencia del proceso.

La entidad de control examina si en la etapa previa a la firma del contrato y durante su ejecución se cometieron errores en la definición de los criterios de selección del proveedor, así como en la vigilancia y control de la ejecución contractual. El análisis busca determinar si estas supuestas omisiones facilitaron un eventual incumplimiento de los compromisos pactados. Según consta en el expediente, “la Procuraduría busca establecer si se habrían presentado posibles deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista y una deficiente vigilancia y control del contrato que pudieron incidir en un posible incumplimiento contractual”.

Los detalles

Entre los investigados figuran el coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, quien fue director general del FORPO; la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, coordinadora del CIPPA; el intendente Ismael de Aguas Boea, verificador de información de ese organismo; y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, supervisor del contrato por parte del FORPO durante el periodo en cuestión. Cada uno de ellos tenía roles específicos en la administración y control de los recursos y procedimientos asociados a este contrato. La investigación se centra en el proceso y la posterior adquisición de los sistemas aéreos remotamente tripulados SIART, cuyo objetivo era fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional.

Las autoridades buscan esclarecer si la formulación de los factores de selección del contratista presentó deficiencias o si hubo una supervisión inadecuada del contrato. El inicio de esta indagación responde a la necesidad de establecer responsabilidades disciplinarias ante cualquier anomalía que pudiera haber afectado la legalidad o la eficacia en la gestión de los recursos públicos. El procedimiento sigue su curso y, hasta el momento, no se han anunciado sanciones formales contra los funcionarios mencionados.

Militares denunciaron que les tocó hacer “vaca” para comprar drones con fines institucionales: “Las limitaciones de presupuesto”La situación en las filas del Ejército colombiano desplegado en el Cauca quedó expuesta cuando un suboficial reconoció una práctica inusual: “Nos toca hacer la vaca el pelotón para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, contó el militar en entrevista con Caracol Radio. La revelación apunta a las carencias materiales frente a la amenaza de drones con explosivos utilizados por las disidencias de las Farc. El uniformado describió cómo la colecta interna varía según la cantidad de integrantes y la capacidad de aportar: “A veces toca $100 o a $200 mil, dependiendo de la cantidad de hombres”.

Qué dicen los expertos

La recaudación suele gestionarla el comandante de pelotón o algún soldado designado. El propio militar terminó empleando un aparato adquirido de manera personal: “Yo ya había comprado un dron, pero pues como hobby, ¿si me entiende? Como algo personal, pero pues yo lo estoy utilizando acá en el pelotón para hacer reconocimientos”, relató.

Según el testimonio recogido por Caracol Radio, la comandancia está al tanto de estas colectas. “Ellos inclusive en los programas nos dicen que, pues la seguridad de nosotros, que hay que invertir en la seguridad, que pues ya sabemos que las limitaciones de presupuesto no alcanza para darles drones a todos, mucho menos antidrones”, explicó el uniformado. La denuncia incluye también cuestionamientos a la utilidad de las pistolas antidrones proporcionadas oficialmente.

“Esa pistola primero que todo no sirve y pesa más que una ametralladora M60”, afirmó el militar. Agregó que, a su juicio, “han invertido mucha plata haciendo esa, esa clase de, de pistolas acá en Colombia”, sugiriendo que los recursos pueden no estar siendo usados de la manera más eficiente para cubrir necesidades reales en campaña.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.