Daniel Noboa oficializa el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral hasta 2029

Surgen avances clave en el escenario mundial. El Gobierno de Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, mediante el Decreto Ejecutivo firmado el 14 de julio de 2026 en el Palacio Nacional. El instrumento, que deroga el plan predecesor (2019-2030), traslada la conducción de la política de seguridad al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Cancillería, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que deberán coordinar su implementación. El plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) mediante Resolución No.

01-2026, en una sesión clasificada como “secretísima” el 9 de marzo de 2026, y remitido por el Ministerio de Defensa a la Presidencia recién el 1 de julio de este año. El decreto lo enmarca explícitamente en el conflicto armado interno reconocido por el Ejecutivo mediante el Decreto del 18 de junio de 2026, y lo presenta como una hoja de ruta de “acción unificada” frente a lo que el propio documento describe como una crisis de seguridad multidimensional. Las cifras que sustentan el plan, contenidas en su diagnóstico, describen un deterioro sostenido.

Los detalles

La tasa de homicidios intencionales, que se mantuvo relativamente estable entre 2014 y 2020: entre 8,2 y 7,8 casos por cada 100. 000 habitantes; y escaló a 27,6 en 2022, un incremento del 256,12% respecto de 2020, según cifras del propio Ministerio del Interior citadas en el documento. La escalada alcanzó su punto más crítico en 2023, con 46,2 homicidios por cada 100.

000 habitantes, para luego descender a un rango de entre 39,1 y 39,2 en 2024. Sobre 2025, el plan no reporta un dato de cierre: se limita a citar una proyección del propio Ministerio del Interior, fechada en 2025, según la cual la tasa “cerrará con niveles altos”. El diagnóstico que sustenta un decreto firmado en julio de 2026 sigue anclado en una estimación de hace más de un año, sin la cifra real de homicidios de 2025, que ya está disponible.

El crimen organizado transnacional ocupa un lugar central en el diagnóstico. 811 casos de extorsión reportados en 2023 y vincula la violencia con el cierre de 65. 837 microempresas entre 2022 y 2023, atribuido en su mayoría a hechos de violencia, extorsión o bloqueos logísticos, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Qué dicen los expertos

El gasto privado en seguridad superaría ya los 1. 500 millones de dólares anuales, mientras que la actividad empresarial habría registrado contracciones del 0,94% en 2024 y del 0,52% en el primer semestre de 2025 atribuibles a la violencia, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. La informalidad laboral llegó al 53,5% en el primer trimestre de 2025, según el INEC.

El indicador de riesgo país (EMBI) muestra una trayectoria volátil: 1. 753 puntos en 2024, más de 1. 900 en abril de 2025 y una caída a 554 puntos hacia noviembre de ese mismo año, según cifras del Banco Central citadas en el plan.

La minería ilegal, por su parte, habría representado un 2,5% del PIB en 2022, con una producción de oro valorada en cerca de USD 4. 000 millones, de acuerdo con las cifras recogidas en el documento. En el ámbito social, el plan reconoce que la pobreza por ingresos llegó al 24% en junio de 2025 y la pobreza extrema al 10,4%, con una brecha entre zonas urbanas y rurales de 15,7% frente a 41,7%, según el INEC.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.