Denuncian presunta red de corrupción en empresa de oro del Estado: salpica al ministro Edwin Palma y a la SAE

Surgen avances clave en el escenario mundial. Una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación señala la posible existencia de una estructura ilegal que habría facilitado la compra y exportación de oro sin trazabilidad por parte de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), empresa estatal bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), involucrando al ministro Edwin Palma y a altos funcionarios del sector. De acuerdo con la investigación publicada por la revista Semana, el caso pone bajo la lupa el modelo estatal de compra de oro impulsado por el presidente Gustavo Petro para combatir la minería ilegal. El trasfondo del monopolio estatal de oroEn octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro anunció la intención de instaurar un monopolio estatal de compra de oro en regiones productoras, encargado al Ministerio de Minas y Energía.

La estrategia buscaba frenar el avance de grupos armados ilegales sobre la minería aurífera y se materializó a través de la adquisición de empresas gestionadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Dentro de este proceso, Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), una de las compañías de mayor volumen de exportación de oro en el país, pasó a manos del ministerio en enero de 2026, aunque arrastraba ya dificultades financieras y dudas sobre la trazabilidad del mineral adquirido a pequeños productores. La denuncia que sacude al sector mineroSegún información publicada por el medio, la operación de Meprecol es ahora objeto de una denuncia formal presentada por Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer, empresa contratista de la SAE.

Los detalles

En el documento dirigido a la Fiscalía, Díaz advierte sobre la presunta existencia de una red organizada para la compra, legalización y comercialización de oro de origen ilícito, vinculada a organizaciones criminales que operan en distintas regiones de Colombia. El denunciante detalla que la estructura incluiría “personas naturales, cooperativas, comercializadoras de oro e intermediarios” y que su función sería dar “apariencia de legalidad” a oro sin trazabilidad mediante el uso de facturación, registros mineros y operaciones de exportación. Díaz afirma haber advertido de estos hechos al presidente Petro y a Amelia Pérez, presidenta de la SAE, sin obtener respuesta directa.

En la denuncia se mencionan como presuntos implicados al ministro Edwin Palma, altos funcionarios de la SAE y directivos de empresas como Meprecol y la comercializadora CYJ Gutiérrez. También aparecen las cooperativas Serintegroup y Coonekta, presuntamente empleadas para legitimar operaciones cuestionadas. Movimientos financieros bajo sospechaDe acuerdo con documentos y contratos internos obtenidos por la revista, los alertas sobre las finanzas de Meprecol se centran en operaciones por aproximadamente 5.

600 millones de pesos. Ese monto fue girado como anticipo a la cooperativa Serintegroup para la compra de metales preciosos, fondos que luego fueron transferidos a la empresa Spectre Consulting SAS, dedicada a infraestructura de pagos. El giro se realizó el 28 de mayo de este año, lo que generó una alerta del revisor fiscal de la empresa por posible triangulación, falta de trazabilidad y el riesgo de retiro en efectivo.

Qué dicen los expertos

El informe del revisor fiscal, fechado el 19 de junio de 2026, advierte: “La función del tercero consistiría en ‘monetizar’ los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. De confirmarse, esa función —conversión de recursos bancarizados en efectivo, por fuera de la cadena documental, con recursos de una entidad administrada por la SAE y en zonas de minería informal— podría configurar señales de alerta”. El revisor recomendó suspender este tipo de giros y pagar directamente a los proveedores, pero parte del dinero ya había sido entregada y no se justificó completamente.

Hasta la fecha, solo se han legalizado cerca de 4. 000 millones de pesos con facturas emitidas semanas después de la transferencia, mientras que 1. 200 millones permanecen sin soporte documental.

Frente a esta situación, desde la revisoría fiscal se solicitó la pronta legalización del resto de los recursos, advirtiendo sobre posibles reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Implicados y versiones encontradasLa denuncia también incluye a María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol y exvicepresidenta de Seguimiento de la Agencia Nacional de Minería (ANM); a Amelia Pérez, presidenta de la SAE; y a Mery Janneth Gutiérrez, asesora de la presidencia de la SAE. Según Semana, Díaz sostiene que existen “conversaciones, chats, audios, mensajes de voz y documentos” que registrarían exigencias económicas y pagos indebidos para proteger operaciones y garantizar continuidad comercial.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.