Dos trabajadoras del PSOE piden anular la incautación de sus móviles en el caso Leire

Surgen avances clave en el escenario mundial. - Dos trabajadoras del PSOE investigadas en el caso Leire han pedido anular la incautación de sus móviles, en un recurso de apelación en el que sostienen que se accedió a los dispositivos sin orden judicial y sin estar asistidas por un letrado. "No hubo orden judicial a la policía para tener como investigadas" a estas trabajadoras, "ni mucho menos para incautarse de sus teléfonos móvil", sostiene el recurso de apelación presentado ante el juez Santiago Pedraz por parte del letrado de ambas empleadas, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE. Según explica este recurso de apelación, el móvil de ambas trabajadoras fue incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus domicilios el pasado 27 de mayo y las dos dieron acceso a los dispositivos cuando los agentes lo requirieron.

Este recurso de apelación pretende anular el auto en el que Pedraz rechazaba la nulidad solicitada, a la que también se opuso la Fiscalía. Consideran que se han vulnerado el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones. El escrito es además una enmienda a la totalidad de esta causa, en la que se investiga una trama que presuntamente se dedicaba a intentar desestabilizar procedimientos judiciales que impactaban en el PSOE o en el Gobierno, y entre los imputados figuran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o la exmilitante Leire Díez.

Los detalles

Se califica de "extravagante" pensar que forman parte de una organización criminal un grupo de personas que presuntamente pretendían desacreditar investigaciones de la UCO o aglutinar estrategias de defensa. Además, el recurso argumenta que no han podido cometer delito alguno dos administrativas del PSOE que hacen gestiones burocráticas o compran billetes para terceros. El escrito acusa además a la UCO de acumular "información extraordinariamente sensible de centenares de personas" y de cruzar datos entre ellos para "construir relatos incriminatorios contra determinadas personas, adornándolas de preocupantes sesgos aparentemente delictivos, que trasladados a la opinión pública tienen un efecto devastador".

Además, se acusa al magistrado titular del juzgado central de instrucción número 5 de ser un "juez pasivo" que subcontrata a la UCO para efectuar su instrucción, al tiempo que se pone en duda la apariencia de neutralidad de esta unidad, puesto que es la "supuesta víctima" de los hechos investigados. "Si quienes investigan pertenecen al mismo cuerpo, dependen de la misma cadena de mando, o están de cualquier modo vinculados a quienes resultan afectados por el objeto de la pesquisa, la investigación pierde la apariencia de imparcialidad exigida, lo que puede viciar de origen el resultado probatorio obtenido" recalca el escrito. También destaca este escrito que el PSOE "no es una empresa cualquiera, es un partido político" y señala que "no cabe que a través de mecanismos artificiales sus trabajadores, al margen de aquellos que les afectan personalmente, puedan verse compelidos a suministrar informaciones vinculadas a sus trabajos, reflexiones de sus dirigentes, documentos estratégicos, contables y demás".

La defensa de ambas trabajadoras denuncia una "investigación policial paralela a la investigación judicial" y "decisiones procesales más propias de un derecho penal inquisitorial".

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.